La iniciativa permitirá situar las prácticas españolas en un contexto comparado con otros países miembros
El Consejo de Ministros ha autorizado una contribución de 300.000 euros para que la OCDE elabore un estudio específico sobre el estado del gobierno abierto en España. El análisis, que forma parte de las revisiones que el organismo realiza en distintos países, permitirá examinar cómo están evolucionando las políticas de apertura institucional y qué elementos podrían reforzarse en los próximos años.
La colaboración se impulsa a través del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en línea con las iniciativas que buscan mejorar la calidad del servicio público y a consolidar modelos de gestión más accesibles y comprensibles para la ciudadanía.
Un estudio para entender el avance del gobierno abierto en España
El informe abarcará distintos ámbitos: transparencia, integridad pública, rendición de cuentas y participación ciudadana. La OCDE combina en estas evaluaciones análisis normativos, entrevistas, comparación internacional y revisión de prácticas existentes, lo que permite obtener un mapa detallado del funcionamiento real de las políticas de gobierno abierto en cada país.
Este tipo de revisiones no se limita a medir resultados: examina cómo están organizadas las instituciones, qué mecanismos se utilizan para garantizar la apertura y cómo responden las administraciones a las nuevas formas de participación o a los retos derivados de la digitalización.
Un contexto marcado por reformas y modernización administrativa
La autorización se produce en un momento en el que las administraciones públicas españolas están impulsando proyectos de modernización, digitalización de servicios, apertura de datos y revisión de procedimientos internos. El estudio permitirá situar estas iniciativas en un marco comparado y conocer cómo se abordan retos similares en otros países.
Además, el análisis puede aportar información útil para mejorar la coordinación entre administraciones y para revisar aspectos como la gestión de la información pública, los canales de participación o la aplicación de estándares compartidos.
Un proceso que aportará información útil para futuras decisiones
Tras esta autorización, la OCDE iniciará en los próximos meses el trabajo de campo y las consultas con administraciones y otros actores implicados. Una vez completada la evaluación, se publicará un informe con conclusiones y recomendaciones que podrán utilizarse para ajustar políticas, actualizar planes de acción o mejorar la coherencia entre iniciativas existentes.
El documento final estará disponible de forma pública y servirá como referencia para aquellas instituciones que deseen avanzar en sus políticas de gobierno abierto con una perspectiva comparada y basada en evidencia.