La norma dictaminada tiene por objeto establecer el régimen jurídico para la organización, uso y administración de los montes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco de la legislación básica estatal.
En el dictamen se señala que casi la mitad del territorio de Andalucía, en torno a 4,3 millones de hectáreas, tiene la condición de superficie forestal; de ellas, el 71 % son de propiedad privada y el 29% de titularidad pública (570.698 ha de la comunidad autónoma, 598.282 ha de ayuntamientos y 90.520 ha de otras entidades públicas); por tanto, la dimensión del ámbito geográfico sobre el que actúa la norma sometida a dictamen evidencia su importancia. El Consejo ha destacado que la verdadera relevancia se aprecia si se toma en consideración las múltiples funciones y servicios que el patrimonio forestal que se asienta sobre esa superficie reporta a la sociedad, no solo andaluza sino en su concepción global.
Se ha destacado asimismo que los montes andaluces constituyen un patrimonio que reporta un amplio elenco de bienes para la sociedad, entre ellos, el de contribuir de forma destacada al desarrollo económico y social en el medio rural, y en este sentido, las necesarias actuaciones de mantenimiento, prevención y de restauración del monte, así como el aprovechamiento de los recursos naturales, generan actividad económica y crean empleo, favoreciendo el asentamiento de la población en el territorio en el que se desarrolla. El vasto patrimonio forestal andaluz, particularmente del de titularidad pública, requiere el compromiso del conjunto de la sociedad manifestado en una acción política decidida, que dote a la Administración de los medios necesarios y de los recursos económicos suficientes para la gestión, conservación y restauración de nuestros montes.
El CES de Andalucía entiende que este condicionado debe tener reconocimiento en la Ley.
La Comisión Permanente del Consejo encargó a la Comisión de Trabajo de Políticas Sectoriales I la elaboración del dictamen, habiendo actuado como ponente el consejero del Grupo Tercero, Ignacio M. Barrero Ortega.
El dictamen, aprobado por unanimidad, será remitido al Gobierno de la Junta de Andalucía, con la solicitud de que incorpore las modificaciones propuestas al futuro proyecto de ley.
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