Información general
Autoría: Oscar Guinea, Dyuti Pandya, Vanika Sharma, Renata Zilli
Publica: European Centre for International Political Economy ECIPE
Fecha: 16 de octubre de 2025
Este informe fue encargado por el Foro Europeo de Justicia, una coalición de empresas, individuos y organizaciones que trabajan para construir leyes y sistemas de justicia civil justos, equilibrados, transparentes y eficientes tanto para los consumidores como para las empresas en Europa. El informe, que analiza las crecientes implicaciones económicas y políticas de los litigios masivos y la financiación de litigios por parte de terceros (TPLF) en Irlanda, ofrece la primera evaluación empírica de cómo las acciones legales a gran escala impulsadas por inversores podrían afectar la economía, la competitividad y la innovación de Irlanda. Destaca costes anuales potenciales de entre 1.200 y 3.600 millones de euros y exige una regulación clara y proporcionada para garantizar que el acceso a la justicia no se distorsione y se convierta en un producto de inversión comercial.
En toda Europa, las demandas colectivas están en auge. La expansión de los regímenes de responsabilidad y el rápido crecimiento de la financiación de litigios por terceros (TPLF) están impulsando una nueva ola de demandas que van mucho más allá de las demandas tradicionales de los consumidores. Irlanda se ha visto hasta ahora protegida por las restricciones del derecho consuetudinario sobre la TPLF, pero esta protección se está debilitando. La transposición de la Directiva (UE) 2020/1828, relativa a las acciones de representación de la UE abre la puerta a nuevas demandas colectivas, incluidas aquellas respaldadas por financiadores comerciales que invierten en dichos litigios para obtener beneficios.
Irlanda está especialmente expuesta a estos acontecimientos, es el país que más tiene que perder si los litigios masivos sin control socavan la inversión extranjera y las industrias innovadoras en las que se basa su prosperidad ya que su modelo económico depende en gran medida de la inversión extranjera directa, especialmente de Estados Unidos. Los sectores de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y las ciencias de la vida, dos de los motores económicos más importantes de Irlanda, se encuentran entre los objetivos más frecuentes de demandas colectivas.
Los supuestos beneficios de los litigios masivos son, en la práctica, limitados. La evidencia de Estados Unidos y el Reino Unido muestra que los consumidores rara vez reciben una compensación significativa. Los abogados y las entidades financiadoras se llevan la mayor parte de los acuerdos, mientras que los demandantes suelen recibir cantidades simbólicas. En cambio, los costes son elevados y mensurables: mayores gastos legales, caída de las valoraciones de mercado y menores incentivos para la innovación. Para Irlanda, el análisis de escenarios sugiere costes económicos potenciales de miles de millones de euros, superiores al presupuesto público anual para infraestructuras. El impacto negativo no se limita a los casos nacionales: las acciones colectivas interpuestas en otros países contra empresas con sede en Irlanda también repercuten en la economía irlandesa a través de la pérdida de crecimiento y la reducción de la inversión.
Estos riesgos no pueden gestionarse únicamente mediante políticas nacionales. Las disposiciones transfronterizas de la Ley de Reforma de la Justicia (RAD) y la libre circulación de capitales permiten que la financiación de litigios llegue a los tribunales irlandeses incluso si el TPLF sigue restringido a nivel nacional. Esto subraya la necesidad de un marco coherente a nivel de la UE. El Parlamento Europeo y, más recientemente, el Consejo de Justicia Civil del Reino Unido (CJC) han solicitado una supervisión más estricta, que incluya normas de transparencia, límites a las devoluciones de los financiadores, escrutinio judicial de los contratos de financiación y responsabilidad por las costas en caso de desestimación de los casos. Los Estados miembros no pueden alcanzar unos estándares mínimos actuando por sí solos.
Como nuevo titular de la Presidencia del Consejo de la UE a partir de julio de 2026, Irlanda tiene la oportunidad de liderar, incluyendo la regulación del TPLF en la agenda europea. Un marco sólido no solo protegería a los consumidores, sino que también salvaguardaría la competitividad europea, reduciría el riesgo de búsqueda del foro más favorable y garantizaría que la financiación de litigios permita la administración de justicia, en lugar de la especulación financiera a través de los tribunales.