Juan Marín Lozano
Juan Marín Lozano
Publica: FUNCAS
Fecha: enero 2026
El informe de coyuntura, con datos de 2025, señala que en España la población con nacionalidades de países no comunitarios ha aumentado mucho en los cinco últimos lustros y, desde luego, lo ha hecho muy notablemente desde 2017 (2,5 millones). Las cifras oficiales de población confirman que, a 1 de enero de 2025, la población extracomunitaria se situó en un nuevo máximo de 4,9 millones. En términos netos, la población no comunitaria habría crecido en 2,3 millones desde 2017 a 2025. En el mismo periodo, los extranjeros en situación irregular serían unos 730.000 más, lo que supone un 31,6% del incremento de la población no comunitaria. El total de la población extracomunitaria casi se habría duplicado en ese periodo (de 2,5 a 4,9 millones), pero el de la población en situación irregular casi se habría multiplicado por ocho (de 107.000 a 840.000).
Estos datos ponen de manifiesto los rasgos del modelo migratorio español de los últimos veinticinco años que asume que una proporción notable de los inmigrantes pasan por un largo periodo en la irregularidad antes de conseguir la regularización administrativa. Funcas apunta de nuevo a la escasa planificación de la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen de inmigrantes a recibir ni sobre sus características. Facilitar la regularización por arraigo contribuirá, seguramente, a la integración social de muchos inmigrantes, que pasarán menos tiempo en un limbo administrativo y que tendrán acceso al empleo regular.
Para implicar una planificación habría que implementar medidas para mejorar el manejo de los flujos migratorios que se enmarquen dentro de una estrategia amplia de crecimiento económico y de la productividad. Idealmente, esas medidas orientarían la inmigración hacia sectores de la economía con escasez de mano de obra, y, en mayor medida, con requerimientos de cualificación. Así se contribuiría a consolidar procesos de llegada regulares y permitiría, además, una mejor integración laboral y social de los inmigrantes, reduciéndose su vulnerabilidad, aumentando su autonomía económica y su contribución al sostenimiento del sistema de bienestar.