LA JUNTA INICIA LOS TRÁMITES DE DOS LEYES PARA AUMENTAR LA OFERTA DE VIVIENDA PROTEGIDA Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN

El Consejo de Gobierno ha iniciado hoy los trámites de los anteproyectos de la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo y de la Ley de Calidad de la Vivienda en Andalucía. Con estos dos textos se pretende unificar y reforzar la actual normativa autonómica para garantizar la calidad de la edificación, aumentar la oferta de vivienda protegida y mejorar la lucha contra el fraude.

El primero de los borradores tiene como objetivo fundamental vincular las políticas de construcción y de promoción del suelo para incrementar el parque de viviendas protegidas, incluyendo un régimen jurídico destinado a consolidar su función social.

En materia de suelo la novedad más destacada es la ampliación a todos los municipios andaluces de la obligación de reservar al menos el 30% de los nuevos suelos residenciales para destinarlos a vivienda protegida, un requisito que ahora sólo se exige en las poblaciones de más de 20.000 habitantes y en las áreas metropolitanas y litorales.

La futura ley también obligará a los ayuntamientos a identificar la localización de estas reservas y a concretar, dentro de los planes urbanísticos, los plazos para el inicio y terminación de las viviendas protegidas, cuyo incumplimiento podrá dar lugar a la expropiación de los suelos.

Igualmente novedosa es la posibilidad de que la Junta lleve a cabo proyectos de interés autonómico en cualquier tipo de suelo, independientemente de su calificación y siempre con la aprobación del Consejo de Gobierno.
Respecto a la construcción, la nueva Ley mantendrá los principios de igualdad, publicidad y concurrencia en la adjudicación, pero eliminará la posibilidad de que el propietario pueda cambiar la calificación de vivienda protegida a libre antes del plazo legal. Actualmente, esta descalificación está permitida con la devolución de las ayudas y el pago de una parte de las plusvalías.

El borrador también introduce relevantes novedades en el régimen sancionador, entre ellas el recurso a la expropiación forzosa de la vivienda cuando ésta se destine a usos no autorizados, cuando no se dedique a domicilio habitual y cuando un mismo propietario utilice más de una vivienda protegida, así como por falsedad en la documentación aportada en el proceso de adjudicación o por incumplimiento de las obligaciones para la enajenación. Actualmente, estas infracciones son castigadas con sanciones económicas y administrativas que no incluyen la expropiación.

La futura ley también reforzará el derecho de la Comunidad Autónoma para adquirir de forma preferente las viviendas protegidas de promoción privada que queden vacantes o estén sujetas a segundas y posteriores ventas.

Finalmente, se impulsará la implantación de las Agencias para el Fomento del Alquiler en las Áreas Metropolitanas Andaluzas, que desarrollarán y perfeccionarán la figura de las denominadas bolsas de alquiler establecidas en el IV Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para facilitar la salida al mercado de las viviendas desocupadas.

Ley de Calidad
Por su parte, el segundo de los anteproyectos analizados hoy por el Consejo de Gobierno incrementa los requisitos de diseño y calidad para todas las promociones de vivienda, tanto protegidas como libres, en aspectos como la seguridad estructural, la estabilidad, la seguridad en el uso y la accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Estas condiciones, actualmente reguladas de forma dispersa, deberán cumplirse en todas las fases, desde la promoción a la redacción de proyectos y la construcción.
La principal novedad en este caso es la creación de la Carta del Usuario de la Vivienda, en la que se fijarán sus derechos y obligaciones tanto en la fase previa a la adquisición como en las posteriores. Respecto a las obligaciones destacan las exigencias de pasar inspecciones periódicas, realizar las obras que en ellas se indiquen y reflejarlas en el denominado Libro del Edificio, documento oficial de mantenimiento y conservación que deberá llevarse actualizado.

También se prevé la creación de la Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía, órgano integrado por las administraciones y los agentes sociales implicados que se encargará, entre otras funciones, de vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por la ley, promover las investigaciones para fomentar la calidad e impulsar la difusión de materias relacionadas con este objetivo.

En cuanto al régimen sancionador, el anteproyecto fija multas de entre 6.000 y 150.000 euros, además de recoger otras medidas disciplinarias novedosas como la inhabilitación para la construcción de viviendas y las obligaciones de pagar daños y perjuicios y de llevar a cabo las obras de reparación o conservación que se señalen.