DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL XXVI ANIVERSARIO DEL REFERÉNDUM DEL 28-F

Desde 1980, año de la celebración del referéndum mediante el cual Andalucía logró acceder a la autonomía plena consagrada en el artículo 151 de la Constitución Española, la fecha del 28 de Febrero ocupa un lugar de privilegio en la vida pública de la Comunidad Autónoma.

Todos los grupos políticos y agentes sociales sin excepción asumen hoy con naturalidad que el esfuerzo de los andaluces de la Transición por la autonomía ha redundado en beneficios evidentes para Andalucía a lo largo de todos estos años.

En efecto, la autonomía de Andalucía, lejos de convertirse en un elemento más de la vida pública, alejado del sentir y los intereses de los ciudadanos, se ha traducido en una mejora palpable de las condiciones de vida de los andaluces. El autogobierno no sólo ha propiciado el período más intenso y prolongado de progreso y desarrollo en todos los órdenes sino que ha favorecido la recuperación de la autoestima de los andaluces. Si hace un cuarto de siglo había una ilusión, desbordante pero sólo ilusión, hoy los andaluces sumamos a ella la certeza de que hemos alcanzado y podemos seguir alcanzando las metas que nos propongamos porque nuestra tierra ha dado sobrada muestra de su capacidad para el aprovechamiento de las oportunidades que la democracia y la autonomía le han brindado, en el marco de la Constitución Española de 1978.

La prosperidad y el bienestar que la etapa constitucional ha traído a toda España, y especialmente a aquellos territorios que más lo necesitaban, es absolutamente inescindible del fuerte proceso de descentralización política y administrativa que ha dado vida al Estado de las Autonomías.

En este sentido, Andalucía no sólo tiene el derecho a seguir avanzando y a dibujar un horizonte más ambicioso de prosperidad y autogobierno, sino que tiene la obligación de aportar lo mejor de sí misma a la España democrática, próspera, avanzada y libre que entre todos estamos construyendo cada día. En estas casi tres décadas de libertad y autogobierno, hemos comprobado cómo el desarrollo de las autonomías y el bienestar de los territorios no se ha hecho a costa de ningún otro sino, al contrario, garantizando el progreso armónico de todos. Así ha sido hasta ahora y así va a seguir siendo.

Andalucía puede y debe realizar importantes aportaciones a España porque a Andalucía sólo le interesa lo que a la postre sea bueno para el conjunto del país. El caudal de fuerza de los andaluces es plenamente conciliable con el del resto de los españoles y tiene que ser coherente con los valores que caracterizan nuestro sentir como nacionalidad histórica en el seno de España: valores hondamente enraizados con la solidaridad, el equilibrio territorial, la igualdad básica de todos los españoles y el respeto a los hechos diferenciales, fruto de la pluralidad y diversidad de la nación española.

La robustez de nuestra identidad como pueblo, definida como nacionalidad en el actual Estatuto de Autonomía, hunde sus raíces no sólo en la historia singular de Andalucía sino en la inequívoca voluntad de nuestros conciudadanos para ejercer el autogobierno con determinación y sin complejos. Las competencias y derechos de los andaluces pueden y deben expandirse por todo el universo constitucional, alcanzando los límites que marca nuestra Carta Magna y respetándolos en todo caso, pues el marco de la Constitución Española, lejos de suponer una cortapisa al autogobierno, es, al contrario, la garantía y el baluarte de nuestras libertades, junto a las del resto de los españoles. Nuestra razón de ser no sólo no es incompatible con una idea cabal de España sino que la propia idea de España no se entiende sin la aportación, sustancial, que Andalucía y los andaluces han realizado al acervo común español.

En este XXVI aniversario del 28 de Febrero, los andaluces afrontamos la recta final del proceso de reforma estatutario que ha ido madurando, primero en el seno de la sociedad andaluza, y ahora ya en sus instituciones más representativas, desde que en el año 2001 el Presidente de la Junta lanzara tal iniciativa. Es absolutamente imprescindible que, en este tránsito histórico, actuemos con generosidad, altura de miras y compromiso insobornable con la Andalucía de hoy y con los andaluces del mañana. Si actuamos hoy como lo hizo la generación de andaluces que hizo posible el 28-F de 1980, dentro de un cuarto de siglo nuestro esfuerzo será recordado con el mismo reconocimiento con el que ahora conmemoramos aquella inolvidable jornada.

Nuestro nuevo Estatuto de Autonomía, que se construye sobre los cimientos del que ha sido una magnífica herramienta de autogobierno desde su aprobación en referéndum, hace 25 años, no puede ser fruto ni de la emulación de otros ni menos aún de la confrontación con otros.

El interés de Andalucía pasa por una mayor proyección de nuestra tierra, de su economía y de sus hombres y mujeres, en España, en Europa y en el conjunto de la nueva sociedad mundial globalizada. El innegable desarrollo económico y del empleo experimentado en esta etapa y las conquistas sociales asociadas a este crecimiento, no nos impiden ver que queda un largo camino por recorrer. Junto a los evidentes avances en la protección de la salud de los ciudadanos, en la mejora de la calidad e innovación de la enseñanza o en el desarrollo sostenible respetuoso con el medio ambiente, debemos redoblar los esfuerzos en otros terrenos, como la siniestralidad y la excesiva temporalidad laboral; la violencia de género y cualquier fórmula de discriminación o para ofrecer la mayor atención a las personas dependientes.

Precisamente el nuevo Estatuto se distingue por constituir un catálogo de ambiciosos derechos sociales. Pues de eso se trata, hoy como en febrero de hace 26 años: dar respuesta a las necesidades de todos los ciudadanos y conseguir, ahora sobre la base de lo ya logrado en todo este tiempo en el que tanto esfuerzos se han acumulado, una mejora tangible en la calidad y bienestar de vida de todos los andaluces.