LA JUNTA APRUEBA UN NUEVO DECRETO DE INDEMNIZACIONES PARA ANTIGUOS PRESOS Y REPRESALIADOS DEL FRANQUISMO

La Junta de Andalucía extenderá a todos los ciudadanos andaluces que sufrieron más de tres meses de privación de libertad durante el franquismo las indemnizaciones que viene concediendo desde 2001. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un nuevo decreto que ofrece la cobertura de estos beneficios a aquellas personas afectadas por la represión que no pudieron acogerse a las convocatorias de 2001 y 2003, debido principalmente a las dificultades para acreditar la documentación exigida en los plazos previstos por los respectivos decretos reguladores.

La norma abre una nueva convocatoria, ya sin plazo alguno para que los interesados realicen sus solicitudes, simplifica los trámites y establece una indemnización en pago único de 1.800 euros. Al igual que en 2003, tendrán derecho a la misma todas aquellas personas que durante el franquismo, y por motivos políticos, estuvieron en centros penitenciarios y campos de concentración por un periodo superior a tres meses y no resultaron favorecidas por las indemnizaciones del Gobierno central en 1990 ni por las dos convocatorias anteriores de la Junta de Andalucía.

La Consejería de Justicia y Administración Pública calcula que en esta situación se encuentran actualmente alrededor de 1.500 ciudadanos andaluces. Bajo la cobertura de los decretos de 2001 y 2003 la Junta indemnizó a 2.180 personas, lo que supuso un coste total de 9,03 millones de euros.

Residir en un municipio andaluz y acreditar la privación de libertad sufrida son algunos de los principales requisitos exigidos para los solicitantes. Si el ex preso o represaliado hubiera fallecido, podrán solicitar la indemnización el cónyuge o aquella persona que sin serlo perciba pensión de viudedad por tal motivo.

La decisión tomada hoy por el Consejo de Gobierno responde a la voluntad mayoritaria de la sociedad andaluza expresada a través de partidos políticos, colectivos sociales y el propio Parlamento de Andalucía, que en junio de 1999 aprobó una proposición no de ley solicitando a la Junta la concesión de estas indemnizaciones con el fin de reconocer públicamente la labor de las personas que lucharon por la defensa de la libertad y la democracia.