EL CONSEJO APRUEBA EL PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DE LOS ANDALUCES EN EL MUNDO

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de la Ley Reguladora del Estatuto de los Andaluces en el Mundo, texto que recoge por primera vez los derechos de este colectivo en igualdad de condiciones con los residentes en la comunidad autónoma, además de establecer medidas para facilitar el retorno y la inclusión social de quienes desean regresar.

El proyecto, elaborado por la Consejería de Gobernación, regula asimismo las relaciones de la Junta con el Estado y otras comunidades autónomas para reforzar la asistencia y los lazos culturales con el millón y medio de andaluces en el exterior y con sus descendientes. La futura ley reconocerá la contribución de los emigrantes al desarrollo de Andalucía, con especial mención a las personas mayores, e impulsará el papel de las asociaciones y comunidades andaluzas en el exterior.

El conjunto de medidas previstas se desarrollará a través del denominado Plan Integral para los Andaluces en el Mundo, que tendrá una duración cuatrienal y deberá estar elaborado en un plazo de dos años tras la entrada en vigor de la ley.

El texto aprobado hoy, que sustituirá a la ley de 1986, ha sido redactado tras un amplio proceso de información y debate en el que han participado los representantes de las organizaciones de retornados y de las 357 asociaciones andaluzas que funcionan actualmente en 19 países y 17 comunidades autónomas españolas.


Uno de los aspectos más destacados de la norma es el relativo a las medidas para hacer menos gravoso el retorno (durante la última década han regresado a la comunidad autónoma 46.974 andaluces, lo que supone un promedio anual de 4.270). La principal medida consiste en promover el acceso a viviendas de promoción pública en los mismos términos que cualquier residente. Para ello se elimina el requisito de haber vivido una serie de años en el municipio donde se solicita la vivienda y, en su lugar, se contabilizan los años de residencia en el exterior. Además, la condición de retornado será baremada como un mérito más del peticionario y la Administración autonómica podrá incluso reservar viviendas protegidas para este colectivo.

En cuanto al resto de medidas, también se garantiza el acceso de los retornados a las prestaciones educativas, sanitarias y de asistencia social en iguales condiciones que el resto de los ciudadanos, mientras que para los escolares se reconoce el derecho a recibir apoyo educativo compensatorio dirigido a su plena integración. Además, la Junta promoverá el regreso de los investigadores, desarrollará un programa específico para hacer posible que las empresas creadas por retornados se establezcan en Andalucía y firmará convenios con empresas estatales con el fin de facilitar el traslado laboral de sus trabajadores andaluces.

Andaluces en el mundo
El proyecto de ley establece el nuevo concepto del andaluz en el mundo, una figura que engloba tanto a los andaluces en el exterior (personas de nacionalidad española que viven en el extranjero) como a los oriundos de Andalucía (nacidos en la comunidad pero no empadronados por residir en otro punto de España o carecer de nacionalidad). También se incluyen en la definición los descendientes de ambos colectivos, los retornados y las personas especialmente vinculadas a Andalucía.

A los andaluces en el exterior se les reconoce los mismos derechos de tipo político, social y laboral que tienen los ciudadanos residentes. Así, pueden ser electores y elegibles en iguales condiciones, así como participar en iniciativas legislativas populares. En relación con las prestaciones sociales, se otorga una atención especial a los mayores, con programas específicos para aquellos que se encuentren en situación necesidad. Respecto al ámbito laboral, los andaluces en el exterior podrán inscribirse en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como demandantes de empleo y acceder a la información necesaria para la búsqueda de un puesto de trabajo. Finalmente, el texto recoge medidas para incluir a los andaluces en el exterior en los programas de la Junta dirigidos a los colectivos de jóvenes y mujeres.

Por su parte, las personas oriundas podrán a acceder al patrimonio cultural andaluz (bibliotecas, archivos y otros bienes) en las mismas condiciones que los residentes, además de tener derecho a las ayudas al retorno cuando posean nacionalidad española. El resto de las prestaciones y servicios se canaliza fundamentalmente a través de las comunidades andaluzas en el exterior, cuyos integrantes ya no han de ser mayoritariamente nacidos en la comunidad autónoma.

Comunidades andaluzas
El borrador otorga a estas entidades el papel de interlocutor válido con la Administración y amplía la composición y las funciones del Consejo de Comunidades Andaluzas (órgano consultivo de la Junta encargado de esta interlocución) al incluir como nuevos miembros a representantes de las universidades, los retornados y los ayuntamientos.

En cuanto a las medidas de apoyo, el proyecto hace especial hincapié en las ayudas específicas para dotar a las comunidades de tecnologías que permitan mejorar sus cauces de comunicación. Asimismo, recibirán respaldo económico para realizar actividades que promuevan la imagen de Andalucía y las relaciones entre pueblos y culturas.

Finalmente, la futura ley impulsará la realización de estudios sobre la realidad de este colectivo y, concretamente, encomienda al Instituto de Estadística de Andalucía la elaboración de un censo de andaluces en el exterior en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística.