JUNTA Y AYUNTAMIENTOS COORDINARÁN SUS INSPECCIONES DE CONSUMO EN UNA COMISIÓN ESPECÍFICA

Los ayuntamientos andaluces y la Junta coordinarán su actividad inspectora en materia de consumo a través de la Comisión Interadministrativa de Cooperación de Consumo. Este ente, cuya creación ha aprobado el Consejo de Gobierno, servirá de foro de colaboración entre ambas administraciones con el fin de mejorar la eficacia de sus trabajos de inspección, formación, información y producción normativa, tras el aumento de competencias que para las entidades locales supuso la nueva Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.

La Comisión, que se constituirá en el plazo de cuatro meses, se encargará asimismo de analizar los principales conflictos en materia de consumo, diseñar estrategias comunes para abordarlos y acordar criterios comunes para la elaboración de ordenanzas municipales en este ámbito.

En cuanto a su composición, el nuevo ente estará presidido por la persona titular de la Consejería de Gobernación e integrado por un representante de cada uno de los departamentos de la Junta y el mismo número de vocales designados por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, de los que el 70% serán alcaldes y el 30% presidentes de diputaciones provinciales. La vicepresidencia corresponderá a la persona titular de la Dirección General de Consumo.

Entre las funciones asignadas, la Comisión Interadministrativa propondrá iniciativas para dar respuesta a los problemas de los consumidores, elaborará un inventario de las competencias y recursos de los entes locales, programará campañas informativas y organizará actividades de formación para el personal de las corporaciones municipales y las diputaciones. También se encargará de mejorar los cauces de información a los ayuntamientos sobre los productos que suponen riesgos para los consumidores.
Finalmente, la Comisión trabajará en la unificación de los criterios que rigen la creación y el funcionamiento de los distintos servicios de consumo en la comunidad autónoma, especialmente las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs), cuyo número es actualmente de 181.

De acuerdo con el decreto aprobado hoy, en cada provincia se creará una comisión específica con una composición cuantitativa igual a la autonómica, si bien variando la proporción de los representantes locales, que serán alcaldes en un 80% y miembros de la Diputación Provincial correspondiente en un 20%. Estos órganos, que elevarán sus propuestas a la comisión regional, contarán con grupos de trabajo permanentes sobre las OMICs, las Juntas Arbitrales de Consumo y la inspección de mercados.