LA JUNTA SE PERSONARÁ COMO ADMINISTRACIÓN PERJUDICADA EN LA CAUSA JUDICIAL DE LA ‘OPERACIÓN MALAYA’

La Junta de Andalucía se personará, como Administración pública perjudicada, en la causa judicial abierta en Marbella como consecuencia de la denominada Operación Malaya. El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy al Gabinete Jurídico de la Junta para que inicie las correspondientes acciones en relación con este caso.

La decisión del Gobierno andaluz responde a la incidencia directa que los hechos objeto del sumario tienen sobre las competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. A juicio del Consejo, estos hechos han conducido a una situación de la realidad urbanística de Marbella que puede ocasionar graves perjuicios para la Administración autonómica, obligada a desarrollar políticas e inversiones en defensa del interés general.

Asimismo, con este acuerdo se da cumplimiento a la resolución del Parlamento de Andalucía, aprobada el pasado mes de abril, en la que se instaba al Consejo de Gobierno para personarse en la causa judicial para velar porque se restituya lo saqueado al municipio de Marbella.

Como consecuencia de la Operación Malaya y de la disolución del Ayuntamiento de Marbella, la Junta asumió en junio las competencias urbanísticas y creó una oficina específica para su ejercicio. Además, el pasado 19 de septiembre aprobó y remitió al Parlamento de Andalucía el proyecto de la ley por la que se concederá un crédito extraordinario de cien millones de euros a la Comisión Gestora que actualmente gobierna el municipio de forma provisional.

Con anterioridad a la apertura del sumario, y en relación con las prácticas ilegales que en el mismo se recogen, la Administración autonómica desarrolló durante años una intensa labor en defensa de la legalidad urbanística. Dentro de esta actividad, se llevaron a cabo 389 impugnaciones de licencias urbanísticas, 91 actos de suspensión por órganos judiciales, 117 comunicaciones a la Fiscalía por actuaciones con indicios delictivos, 12 visitas de inspección urbanística, 250 requerimientos para la incoación de inspecciones sancionadoras y 55 requerimientos de revisión de oficio de licencias concedidas irregularmente, entre otras iniciativas.