EMPLEO HABILITARÁ A SUS TÉCNICOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA COLABORAR CON LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

La Consejería de Empleo habilitará a técnicos de sus Centros de Prevención de Riesgos Laborales para colaborar con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asunto Sociales. Así se recoge en un decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno. Los profesionales habilitados podrán visitar empresas y obras para comprobar el cumplimiento de la legislación, labor que hasta ahora sólo desempeñaban los inspectores de Trabajo, adscritos al Gobierno central y coordinados por la Junta.

Aunque no tengan potestad sancionadora, estos técnicos podrán elaborar y remitir informes a la Inspección para que ésta tome las medidas pertinentes sin necesidad de enviar a un inspector. Desarrollarán sus funciones bajo un programa de visitas fijado por la propia Inspección y podrán ejercer controles sobre instalaciones y equipos de trabajo, productos utilizados, ambiente de trabajo, procedimientos, equipos de protección, reconocimientos médicos y adaptación ergonómica de los puestos, entre otras materias.

De acuerdo con el decreto, la Consejería de Empleo será la que designe a los técnicos, que ejercerán estas funciones por un periodo de dos años, prorrogable anualmente. Para 2007 está previsto que la Junta habilite a 40 funcionarios en toda la comunidad autónoma.

Andalucía cuenta actualmente con 127 inspectores y 142 subinspectores de Trabajo. Por su parte, los Centros de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Empleo tienen una plantilla de 139 profesionales.

La norma aprobada hoy es fruto de la reforma del marco normativo estatal de prevención de riesgos laborales, que da potestad a las comunidades autónomas para colaborar con los inspectores en la comprobación de las condiciones de seguridad laboral en aquellos sectores con mayor nivel de riesgo o de siniestralidad.

La Inspección de Trabajo levantó en el primer semestre de este año 2.458 actas de propuestas de sanción motivadas por 3.529 infracciones y por un valor de 9,1 millones de euros, con un total de 14.005 personas afectadas. Asimismo, se realizaron 320 paralizaciones de obra y 17.460 requerimientos (peticiones de actuación o de información).