EL PLAN GENERAL DE INSPECCIÓN DE LA JUNTA PARA 2007 EXAMINARÁ LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan General de Inspección de la Administración de la Junta para 2007, que en esta ocasión incluye como principal novedad un análisis más profundo de los mecanismos de participación ciudadana que facilitan la toma de decisiones en la Administración autonómica.

Entre otros aspectos, la actividad inspectora prestará especial atención este año a cómo se tramitan las sugerencias y reclamaciones, con el fin de mejorar la respuesta ofrecida por la Administración en la resolución de las situaciones planteadas, las medidas adoptadas como consecuencia de la demanda ciudadana y su repercusión en las unidades administrativas afectadas.

Otra de las novedades recogidas es la evaluación de las denominadas Cartas de Servicios, a través de las cuales la Administración informa sobre los servicios que tiene encomendados y los compromisos de calidad en su prestación. En este sentido, el plan analizará el cumplimiento de estos compromisos y los criterios para su revisión.

El Plan de Inspección de la Junta, elaborado por la Consejería de Justicia y Administración Pública, es el principal instrumento que permite garantizar los principios de legalidad, eficacia y eficiencia en la actividad de la Junta de Andalucía. Además de las nuevas líneas de trabajo incorporadas este año, las inspecciones seguirán profundizando en los objetivos de mejorar la atención al ciudadano, fomentar la modernización de la gestión pública, garantizar la legalidad de los procedimientos administrativos, promover la responsabilidad social y facilitar el uso de las nuevas tecnologías en la prestación de servicios. En este último capítulo se vigila espacialmente el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y la correcta tramitación telemática de las contrataciones de la Administración.
La programación para 2007 se completará con las medidas habituales de cada año en materias como la inspección de procedimientos administrativos, la concesión de ayudas y subvenciones, la fiscalización de contrataciones o la vigilancia del cumplimiento de la normativa sobre incompatibilidades de empleados públicos.