LOS DESCENDIENTES DE LOS PENSIONISTAS ANDALUCES QUE COTIZARON EN GIBRALTAR PERCIBIRÁN AYUDAS EXTRAORDINARIAS

Los descendientes de los pensionistas andaluces que trabajaron en Gibraltar recibirán una ayuda económica de carácter extraordinario por parte de la Junta de Andalucía. Esta medida, aprobada hoy por el Consejo de Gobierno, tiene como objetivo compensar el trato discriminatorio que sufrieron estos trabajadores respecto a los residentes gibraltareños, ya que, a diferencia de éstos, sus pensiones no se revalorizaron desde el año 1989.

Las ayudas beneficiarán a los herederos descendientes, por consanguinidad o adopción, hasta el segundo grado (hijos o nietos), de aquellos trabajadores fallecidos con anterioridad al 18 de septiembre de 2006. Este colectivo, integrado por unas 2.000 familias, quedó excluido del acuerdo suscrito ese día en Córdoba por los gobiernos español, británico y gibraltareño, que establece cantidades compensatorias y garantiza en adelante incrementos anuales según la inflación del Reino Unido, aunque sólo para los pensionistas que sobrevivieran en la fecha del acuerdo.

Según se recoge en el decreto aprobado hoy, las compensaciones del Gobierno andaluz a las personas descendientes se calcularán en función del tiempo transcurrido entre el 1 de enero de 1989 (fecha a partir de la cual dejaron de revalorizarse las prestaciones) y el día del fallecimiento del pensionista. Se abonarán en un pago único, con un importe máximo de 6.200 euros. El coste total previsto rondará los seis millones de euros.

El modelo de solicitud se podrá obtener en las delegaciones provinciales y en la página web de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (http://www.cibs.junta-andalucia.es). Las solicitudes podrán presentarse en las delegaciones provinciales de este departamento y en la Subdelegación del Gobierno de la Junta en el Campo de Gibraltar. El plazo de presentación se extenderá hasta el 30 de septiembre.

La Junta ya aprobó en 1994 y 2002 sendos anticipos a cuenta, de veinte y tres millones de euros, respectivamente, para los pensionistas andaluces que cotizaron en Gibraltar y que se vieron perjudicados por la falta de revalorización de las prestaciones.

El origen de la discriminación se remonta a 1993, cuando las autoridades del Peñón disolvieron de forma unilateral el Fondo Social de Pensiones, lo que supuso el cese de la percepción de sus prestaciones para un total de 6.822 pensionistas españoles que trabajaron en la colonia británica, 5.628 de ellos residentes en Andalucía.

En 1996, gracias a las distintas iniciativas llevadas a cabo por la Administración andaluza ante las autoridades nacionales y europeas, el Gobierno del Reino Unido se vio obligado a habilitar los fondos necesarios para que Gibraltar repusiera el pago de las prestaciones adelantadas por la Junta. Sin embargo, los pensionistas andaluces siguieron discriminados debido a que no se revalorizaron las cantidades desde 1989 y tampoco se beneficiaron del complemento especial que sí perciben los residentes en la Roca. Tanto los acuerdos suscritos el pasado año en Córdoba como el decreto aprobado hoy suponen la solución definitiva al problema.