LA LEY ANDALUZA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO GARANTIZARÁ EL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS A RECIBIR ATENCIÓN INTEGRAL

La futura Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género otorgará el máximo rango legal a las iniciativas desarrolladas por la Junta de Andalucía para erradicar los malos tratos contra las mujeres, un problema que motivó la presentación de más de 14.000 denuncias en la comunidad autónoma el pasado año y de más de 3.300 durante los tres primeros meses de 2007.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de esta norma, que consolidará y reforzará los recursos asistenciales y preventivos desarrollados desde 1998 a través de los planes autonómicos contra la violencia de género, cuya inversión total ha alcanzado los 55 millones de euros. De este modo, en Andalucía se reconocerán legalmente los derechos de las mujeres víctimas y de sus hijos a recibir atención especializada, protección, seguridad, información y ayudas para la recuperación y la integración sociolaboral.

Especial atención presta el texto legal a las medidas preventivas, entre las que se incluyen la aprobación, cada cinco años, de un plan integral que desarrollará las estrategias de actuación en los ámbitos de la educación, la comunicación, la coordinación institucional, la formación y la detección de esta violencia.

En el terreno educativo, el proyecto recoge medidas de revisión y adaptación de contenidos curriculares, así como intervenciones para identificar y atender las situaciones de violencia que se puedan producir en los centros. Respecto a la salud, se incluye la atención psicológica como parte del tratamiento a las víctimas, junto con los objetivos prioritarios de detección precoz y atención especializada. Por su parte, en la atención jurídica se garantiza la asistencia letrada por el turno de oficio especializado y se dispone la personación de la Junta en juicios sobre casos de muerte violenta.

En el capítulo de las iniciativas para la integración de las víctimas, la ley prevé establecer un cupo de reserva específico en las promociones de vivienda protegida para su cesión o adjudicación a mujeres que acrediten sufrir una situación de maltrato. Como novedad, esta medida incluirá viviendas en régimen de propiedad, frente al actual cupo limitado al alquiler. Además, tendrán prioridad en el acceso a las guarderías infantiles.

Integración laboral
El proyecto también da rango legal a las medidas en materia de empleo desarrolladas durante los últimos años. De este modo, la Administración autonómica concederá incentivos para facilitar el trabajo autónomo y el desarrollo de las empresas creadas por mujeres que hayan sufrido violencia. De igual modo, se fomentará la inclusión de medidas de apoyo en la negociación colectiva. En el caso específico de la Administración autonómica, se facilitará el derecho a la reducción o flexibilización de la jornada, así como a la movilidad geográfica y la excedencia.

Finalmente, con la futura norma se consolidará la estructura de atención urgente que funciona en la comunidad autónoma con sus tres niveles de centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados. Esta red cuenta actualmente con 550 plazas y el pasado año atendió a un total de 2.085 personas, entre mujeres e hijos.