EL GOBIERNO ANDALUZ APRUEBA LOS PLANES DE EMERGENCIA QUÍMICA DE ONCE EMPRESAS

El Consejo de Gobierno ha aprobado los planes de emergencia química para once empresas que manejan productos peligrosos, de las veinte que están obligadas en toda la comunidad a contar con estos dispositivos especiales de actuación. Las nueve plantas que restan tienen actualmente sus planes en elaboración.

Hoy se ha dado el visto bueno a seis documentos en total, ya que algunos de ellos engloban a varias factorías situadas en la misma zona. Las empresas afectadas, ubicadas en cinco provincias, son las siguientes: Repsol Butano, Interquisa, Cepsa-Refinería, Petresa y Cepsa-Elf Gas, todas ellas ubicadas en el Polígono Industrial Guadarranque de San Roque (Cádiz); Repsol Butano y Cepsa-Elf Gas, en el polígono La Isla de Dos Hermanas (Sevilla); DSM Deretil en Cuevas de Almanzora (Almería); Acerinox en Los Barrios (Cádiz); Repsol Butano en Peligros (Granada), y Cepsa-Elf Gas en Linares (Jaén).

Los planes de Almería y Jaén se han elaborado por primera vez al aplicarse la nue-va directiva europea sobre productos peligrosos, mientras que los de Cádiz, Sevilla y Granada son una actualización de los ya existentes. Los seis documentos cuentan con una dotación económica de 25 millones de euros para los próximos tres años.

Estos dispositivos, que darán protección a más de 340.000 habitantes de las poblaciones cercanas a las factorías, se han diseñado para conseguir una movilización rápida, coordinada y eficaz de todos los recursos humanos y materiales necesarios, así como de las diferentes administraciones implicadas, con el fin de atajar cualquier incidente y mitigar sus consecuencias, minimizando sus efectos sobre el medio ambiente y la población. Para su elaboración se ha partido de un informe previo de seguridad en el que se han analizado todos los posibles riesgos de cada instalación y la respuesta adecuada en cada caso en función del tipo de incidente (vertidos a la atmósfera o al agua, fuego, ondas de presión o explosiones), las sustancias peligrosas involucradas o las condiciones meteorológicas, entre otros factores.

En caso de ser necesario, se pondrán en marcha medidas específicas para proteger a la población, con sistemas de aviso e información a los ciudadanos sobre los pasos que deben seguir. También se prevén las vías de evacuación y las zonas e instalaciones donde poder albergar a los desplazados, así como su asistencia médica. Como complemento, se pondrán en marcha campañas de información sobre los contenidos de los planes de emergencia y las medidas de autoprotección aplicables, además de realizar simulacros.

Nueva revisión en 2010
De 25 millones de euros con los que están dotados estos planes, 24,7 millones se destinarán a inversiones en equipos y materiales y el resto, 300.000 euros, a estudios y trabajos técnicos. En 2010 está previsto que se sometan a una nueva revisión para actualizar los parámetros de riesgo y los mecanismos de respuesta.

El operativo se activa cuando los accidentes afectan al exterior de la instalación y a criterio de la dirección del plan, que por primera vez recaerá sobre el delegado del Gobierno de la Junta en la provincia (hasta el momento era una responsabilidad compartida con el Ejecutivo central). Junto al delegado estarán un comité asesor, donde se integran todas las administraciones, y un comité de operaciones, que se encargará de movilizar a los servicios de emergencia necesarios para intervenir en la zona de riesgo (bomberos, EPES 061, Guardia Civil, Policías Nacional y Local y Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Junta). El nexo de unión entre todos ellos, a los que se ha incorpo-rado el Grupo de Emergencia de Andalucía (GREA), es el sistema 112.

Los documentos aprobados hoy se enmarcan en el conjunto de instrumentos que la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía define para hacer frente a situaciones de riesgo. Actualmente, la comunidad dispone ya de un plan territorial de ámbito autonómico y de un centenar de planes municipales homologados, que protegen al 64,6% de la población de la comunidad. A ellos hay que sumar el dispositivo específico para la lucha contra los incendios forestales (Infoca), el plan ante accidentes de transporte de mercancí-as peligrosas por carretera y ferrocarril, así como otro relativo al riesgo de inundaciones, estos dos últimos aprobados en 2004.