EL CONSEJO DE COMUNIDADES ANDALUZAS ADAPTA SU REGLAMENTO A LAS NUEVAS NECESIDADES DE LOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo reglamento del Consejo de Comunidades Andaluzas, órgano de participación de estas asociaciones adscrito a la Consejería de Gobernación. La norma sustituye a la vigente desde 1999 para adaptar la composición y las funciones del Consejo a las nuevas necesidades de la población andaluza del exterior, que actualmente se agrupa en 345 comunidades reconocidas por la Junta.

Como principal novedad, el reglamento establece la participación de este órgano en la formulación del Plan Integral para los Andaluces en el Mundo, además de atribuirle la función de proponer al Consejo de Gobierno las bajas de comunidades andaluzas (hasta ahora sólo se encargaba de las altas).

En cuanto a la composición, la nueva norma da entrada a seis organismos de la Junta que hasta ahora no tenían representación específica en el Consejo. Se trata del Instituto de Estadística de Andalucía, el Instituto Andaluz de la Mujer, el Instituto Andaluz de la Juventud, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco y la empresa pública Turismo Andaluz. Estas entidades contarán con un representante cada una.

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que hasta ahora sólo figuraba como invitada, pasará a formar parte del Consejo con dos miembros de pleno derecho. Asimismo, se dispone la inclusión de un representante por la nueva demarcación del Norte de España, integrada por las comunidades andaluzas de Asturias, Aragón, Cantabria, Galicia, La Rioja, el País Vasco y Navarra. De igual modo, se crean vocalías específicas para Argentina (2) y Francia (1), debido a la gran presencia andaluza en estos dos países.

El reglamento aprobado hoy también recoge medidas para facilitar la movilidad de los vocales de las demarcaciones de mayor extensión, con el fin de mejorar la conexión con sus comunidades representadas.

La norma desarrolla la Ley 8/2006 del Estatuto de los Andaluces en el Mundo y el propio Estatuto de Autonomía para Andalucía, que en su artículo 6 reconoce el derecho de los andaluces en el exterior a participar en el desarrollo de la comunidad autónoma.