El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del balance de la coordinación autonómica realizada por Andalucía en el Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2025, un periodo en el que ha desempeñado un papel central en la articulación de la posición común de las comunidades autónomas en el ámbito europeo.
La acción desarrollada en estos meses se enmarca en un contexto europeo marcado por una intensa actividad normativa y política en materia ambiental, en el que la Unión Europea continúa reforzando uno de los marcos regulatorios más avanzados del mundo en protección del medio ambiente, acción climática y sostenibilidad. En este escenario, Andalucía ha asumido un papel activo como comunidad coordinadora, contribuyendo a trasladar al máximo nivel político europeo la visión y las prioridades de las regiones en cuestiones que afectan directamente a sus competencias y a su realidad territorial.
El Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea, integrado por los ministros responsables de esta materia y con la participación de los comisarios europeos de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, así como de Acción por el Clima, Cero Emisiones Netas y Crecimiento Limpio, es el órgano encargado de definir y orientar la política medioambiental comunitaria, además de asegurar que la dimensión ambiental se integre de forma transversal en ámbitos estratégicos como la industria, la agricultura, el transporte, la energía o los servicios. Asimismo, desempeña un papel clave en la preparación de las posiciones de la UE en los acuerdos internacionales y en las negociaciones globales en materia de medio ambiente y cambio climático.
En el ámbito nacional, la participación de las comunidades autónomas en los asuntos europeos se articula a través de la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea, como órgano de cooperación entre el Estado y los gobiernos autonómicos para canalizar la concurrencia regional en las políticas comunitarias. En este marco, y conforme a los acuerdos vigentes, las comunidades autónomas participan de forma directa en determinadas formaciones del Consejo de la Unión Europea, entre ellas la de Medio Ambiente, mediante un sistema de coordinación autonómica de carácter rotatorio. Así, durante el segundo semestre de 2025, coincidiendo con la Presidencia de Dinamarca del Consejo de la Unión Europea, Andalucía asumió esta responsabilidad de coordinación a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.
Esta labor se desarrolló desde una interlocución constante y una coordinación estrecha con la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y con el conjunto de las comunidades autónomas, garantizando la coherencia en la transmisión de información y en la defensa de las posiciones comunes.
Esta coordinación se ha ejercido en un semestre especialmente intenso, con la celebración de cuatro reuniones del Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea, tanto ordinarias como extraordinarias, y con la actividad continuada de numerosos grupos de trabajo. En este periodo, Andalucía ha impulsado la preparación y defensa de tres posiciones comunes de las comunidades autónomas sobre asuntos de especial relevancia incluidos en la agenda ambiental europea.
Acción climática compartida
Estas posiciones comunes han permitido elevar al ámbito europeo una visión territorial compartida sobre cuestiones estratégicas, reforzando el papel de las regiones en el diseño y aplicación de las políticas comunitarias. En el marco de los debates sobre la modificación de la Ley Europea del Clima y sobre las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional de la Unión Europea, se trasladó al Consejo de Medio Ambiente el compromiso de las comunidades autónomas con los objetivos climáticos a largo plazo, subrayando la necesidad de que las decisiones se fundamenten en la evidencia científica y de que se establezcan hitos intermedios que aseguren una trayectoria eficaz hacia la neutralidad climática.
En este contexto, valoró el papel de las regiones en la adaptación al cambio climático, la gestión de los sumideros de carbono, la innovación, la transición energética y la reindustrialización compatible con la descarbonización, así como la importancia de una financiación suficiente y estable que reconozca las competencias autonómicas y favorezca la cohesión territorial.
La coordinación autonómica también permitió articular una posición común en relación con la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica, defendiendo un enfoque integral del ciclo del agua que garantice su sostenibilidad a largo plazo. Desde las comunidades autónomas se respaldó una gestión que combine la protección de los ecosistemas con la seguridad hídrica de los sectores productivos y del conjunto de la población, integrando soluciones basadas en la naturaleza con la modernización y ejecución de infraestructuras hidráulicas, así como el impulso a la digitalización para mejorar la eficiencia en el uso del agua. Asimismo, se subrayó la necesidad de una gobernanza multinivel efectiva, acompañada de recursos económicos adecuados que permitan atender las distintas realidades territoriales.
En relación con la Estrategia Europea de Bioeconomía, Andalucía coordinó la elaboración de una posición común que valoró esta iniciativa como una oportunidad transversal para el desarrollo sostenible de las regiones rurales, forestales y costeras, la diversificación económica y la autonomía estratégica. Desde las comunidades autónomas se destacó su potencial para la creación de empleo, la igualdad de oportunidades y la valorización de los recursos endógenos, así como la necesidad de que las regiones participen de forma efectiva en la identificación de proyectos y en la planificación de inversiones. En este marco, se reivindicó el papel estratégico de la madera y el corcho como materiales naturales, renovables y de baja huella de carbono, vinculados a una gestión forestal sostenible que equilibra conservación, desarrollo económico y fijación de población en el medio rural.
Más allá de la participación en los consejos de Medio Ambiente, el balance recoge una intensa actividad técnica a través de la asistencia a 39 grupos de trabajo europeos, que ha permitido realizar un seguimiento detallado y continuado de los principales expedientes de la agenda ambiental comunitaria. Este trabajo se ha traducido en la elaboración de informes individualizados y resúmenes periódicos destinados a facilitar el seguimiento y la comprensión de estos asuntos por parte del conjunto de las comunidades autónomas.
Presencia institucional en Bruselas
Paralelamente, durante el segundo semestre de 2025 se ha reforzado la presencia institucional de Andalucía en Bruselas y las relaciones con las distintas instituciones europeas, mediante la participación en reuniones, jornadas y eventos de carácter ambiental organizados en colaboración con la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo. Estas actividades han contribuido a visibilizar las prioridades ambientales de la comunidad autónoma en ámbitos como la biodiversidad, la resiliencia hídrica, la gobernanza climática, la gestión forestal, los océanos, la financiación europea, los créditos de carbono y la bioeconomía.
Asimismo, se ha intensificado la colaboración con redes y organizaciones internacionales de las que Andalucía forma parte, como el Grupo de Clima de la Under2 Coalition, la red Regions4 de gobiernos subnacionales para la acción climática y la biodiversidad, la Conferencia de Regiones Marítimas Periféricas y el proyecto MAIA de mapeo y evaluación para la contabilidad integrada de ecosistemas, con el objetivo de maximizar el impacto de la investigación climática europea y reforzar la dimensión territorial de las políticas comunitarias.
El conjunto de estas actuaciones ha permitido garantizar un seguimiento sistemático, presencial y continuado de los trabajos del Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea, así como una coordinación fluida entre la Junta de Andalucía, la Administración General del Estado y el resto de las comunidades autónomas. Esta labor ha sido valorada de forma muy positiva por las propias regiones y por la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, que ha destacado el carácter ejemplar de la coordinación ejercida por Andalucía durante el semestre.