El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se regula el Consejo Andaluz de Personas Mayores y los consejos provinciales de Personas Mayores, órganos destinados a facilitar la participación de las personas mayores en la política social de Andalucía, tanto a nivel regional como provincial.
Estos órganos se constituyen como instrumentos esenciales de consulta y participación de todos los agentes sociales implicados en la realidad de las personas mayores, contribuyendo a mejorar la ordenación, desarrollo y aplicación de las políticas de participación en la vida social, educativa y cultural. Así, el decreto actualiza de manera integral la normativa anterior, que cuenta con una vigencia de 30 años, adaptándose al incremento de la población mayor y a los cambios sociales. Entre las principales novedades destacan la incorporación de principios de igualdad de género, la simplificación administrativa, la promoción del uso de medios electrónicos y una organización más operativa con funciones ampliadas.
El Consejo Andaluz de Personas Mayores se estructura en Pleno y Comisión Permanente. El Pleno, presidido por la persona titular de la Consejería competente en materia de políticas de personas mayores y con dos vicepresidencias, cuenta con 42 vocalías que representan a administraciones, organizaciones sociales, empresariales, sindicatos, usuarios y consejos provinciales, encargadas de planificar y aprobar programas, informes y memorias anuales. La Comisión Permanente, con 13 vocalías, ejecuta acuerdos y elabora informes y memorias. Por su parte, los consejos provinciales mantienen una organización similar adaptada a su ámbito territorial, con funciones de evaluación de programas, propuestas al Consejo Andaluz, coordinación con Consejos Locales y elaboración de memorias anuales.
Entre sus objetivos se encuentran fomentar la participación y el asociacionismo, impulsar el voluntariado y la solidaridad intergeneracional, colaborar en programas y campañas de interés social, promover estudios e investigaciones, y combatir el edadismo, el maltrato, la violencia de género y la soledad no deseada. Además, abordan las principales preocupaciones de la población mayor, como el acceso a la vivienda, la dependencia, la cultura, el deporte o la sanidad, entre otras cuestiones que afectan a su calidad de vida.