La Junta aprueba un plan extraordinario de medidas a corto plazo para hacer frente al desempleo

El Consejo de Gobierno ha aprobado un plan extraordinario de impacto inmediato para hacer frente en Andalucía al aumento de personas desempleadas como consecuencia de la desaceleración de la economía nacional. El plan, que recoge seis grandes bloques de medidas y tiene un coste estimado de 100 millones de euros, prevé beneficiar a más de 131.000 personas.

El conjunto de medidas a corto plazo, que se pondrán en marcha a través de una única orden, pretende facilitar la transición de trabajadores afectados hacia otros sectores con mayor potencial de creación de empleo, que varían según el territorio. Así, los primeros análisis han detectado actividades emergentes como el medio ambiente y las energías renovables (especialmente en Almería); la industria y la construcción naval (en Cádiz); los sectores químico, agroenergético, minerometalúrgico y logístico (en Huelva); y el turismo y la hostelería (en Málaga y Sevilla), entre otros.

Con el fin de que los trabajadores afectados puedan adaptarse a esas nuevas actividades, el plan ha estudiado las posibilidades que cada especialidad profesional tiene para transferirse, con determinadas horas de formación, a otros sectores con mayor demanda de mano de obra. Esta situación se produce, por ejemplo, en el caso de la profesión de ferrallista, rama compatible con la industria naval.

Entre las iniciativas, destaca el grupo de acciones de formación, con cursos intensivos, especialmente en las zonas más afectadas por la desaceleración económica, para adaptar la cualificación de los desempleados a las necesidades de los sectores emergentes. Con una duración media de 300 horas de formación, las especialidades iniciales que se impartirán serán, entre otras, la hostelería, el turismo y el medioambiente, así como la recualificación en el sector de la construcción. Los cursos, que incluyen becas de asistencia de 350 euros al mes para algunos colectivos específicos, prevén formar a unas 9.000 personas.

Como segundo bloque, el plan incluye un conjunto de medidas para la adquisición de experiencia laboral, mediante contrataciones de duración determinada para ejecutar proyectos y servicios de interés general y social. Así, se financiará la contratación de desempleados para los proyectos descritos, promovidos por entidades sin ánimo de lucro y corporaciones locales, y siempre que estén vinculados a obras civiles. La iniciativa, que prevé beneficiar a unas 7.000 personas, contempla una retribución de las personas contratadas de 900 a 1.800 euros mensuales, en función de la categoría profesional.

Equipos de intermediación
Destaca además el grupo de acciones de intermediación destinadas a incrementar la oferta de empleo disponible. Así, un equipo de cerca de 400 profesionales trabajarán específicamente en reubicar a los demandantes de empleo en puestos asociados a sus perfiles en sectores emergentes y con gran necesidad de mano de obra, estudiando las posibilidades de adecuación de cada especialidad en otras actividades. Estas actuaciones beneficiarán a más de 30.000 demandantes de empleo.

El plan prevé también ayudas a la movilidad de los demandantes para la consecución de nuevo empleo, en caso de que éste requiera desplazamiento.

Finalmente, el Servicio Andaluz de Empleo se compromete a realizar itinerarios personalizados de inserción para 75.000 demandantes afectados (25.000 de ellos del sector de la construcción y 5.000 del sector inmobiliario), asignándoles a cada uno un tutor para la búsqueda activa de un empleo que se ajuste a sus características. Este compromiso quedará plasmado en una carta de empleabilidad que será firmada por los desempleados y en la que constarán tanto los servicios de políticas activas de empleo que el SAE prestará como las obligaciones a las que estará sujeto el demandante a la hora de no rechazar cursos de formación, sesiones de orientación u otras actuaciones.

El acuerdo aprobado hoy responde a la necesidad que la actual coyuntura económica tiene de una intervención pública en los sectores más perjudicados, con el establecimiento de medidas a corto plazo que permitan la reabsorción en el mercado laboral de los andaluces que puedan verse afectados.