La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), entidad dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento, ha firmado sendos convenios con las universidades de Málaga (UMA) y Sevilla (US) que renuevan y amplían los acuerdos de colaboración iniciados a 2011 para añadir nuevos fines adaptados a la nueva realidad económica de la comunidad.
En concreto, se han incluido en los acuerdos las nuevas áreas de trabajo de la Agencia de Defensa de la Competencia incorporadas a partir de la Ley de reducción de trabas administrativas a empresas, fundamentalmente funciones en materia de mejora de la regulación y otras vinculadas a la aprobación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, que se sumarían a las que ya venía desempeñando este organismo en el ámbito de la promoción y defensa de la competencia.
El objetivo es mejorar la calidad de la regulación a través de la simplificación legislativa, en la que las normas deben ser solamente las necesarias y proporcionadas a los fines que se pretenden, cuenten con objetivos claros y bien definidos, y las que supongan el menor coste posible para ciudadanos y empresas.
Entre las nuevas funciones asumidas, cabe destacar la ampliación sustancial de la función consultiva respecto de los proyectos normativos, extendiéndose a las normas que incidan sobre las actividades económicas o la unidad de mercado, además de las que puedan afectar a la competencia efectiva.
Otra de las funciones son las nuevas tareas de interlocución e informe en el marco de los mecanismos de protección de los operadores económicos en el ámbito de las libertades de establecimiento y de circulación.
Finalmente, las funciones adicionales de consulta y dictamen en materia de mejora regulatoria y unidad de mercado, así como la tarea de servir de cauce para que los operadores económicos, las personas consumidoras y usuarias y las organizaciones que los representen puedan poner de manifiesto los obstáculos y barreras normativas detectadas con el objetivo de agilizar las actividades económicas.
La realización de tales actividades reúne una clara finalidad pública y de interés social y económico, ya que contribuyen al cumplimiento de los compromisos de la Agencia de realizar labores de análisis, investigación y docencia sobre defensa y promoción de la competencia, así como sobre los aspectos jurídicos y económicos del funcionamiento competitivo de los mercados.
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