Un momento de la intervención de la consejera.
La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha señalado que el Gobierno andaluz "tiene palabra y se ha comprometido públicamente a cumplir el Plan Financiero que presentó al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)", pero lo va a hacer "desde el diálogo con los representantes de los trabajadores", por lo que va a aprovechar el plazo hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
En este sentido, ha apuntado que la puesta en cuestión por parte del Ministerio de Hacienda de esta medida proviene del "trato desigual y discriminatorio" que el Ejecutivo nacional ofrece a la comunidad. Por este motivo, Díaz ha reclamado al Gobierno central que "tienda puentes con Andalucía porque, en estos momentos, la situación que atraviesa España es delicada" y el país "no está para confrontaciones, ni para peleas" y ha apuntado que "Andalucía no quiere privilegios, ni tratos de favor, pero quiere que se le trate con justicia y con equidad".
Respecto a la negociación con los sindicatos, Díaz ha remarcado que, para la Junta, "es imprescindible", ya que "somos conscientes de que la ciudadanía en general y los empleados públicos en particular quieren que, desde la transparencia y el diálogo, el resultado de este plan sea el menos lesivo". De esta forma, ha subrayado que el Gobierno andaluz "no va a renunciar a una de sus señas de identidad, que es el diálogo y el consenso y la búsqueda del acuerdo, y en eso está trabajando la Consejería de Hacienda todos esos días".
La consejera ha explicado que se va a aprovechar el plazo hasta la aprobación de los PGE, "porque es ahí donde reside la obligación de las 37,5 horas de trabajo semanal para nuestros empleados públicos", y ha centrado en los presupuestos el origen de los "recortes que en estos momentos van a tener que soportar los ciudadanos". Así, ha defendido que "el Gobierno andaluz no habría reducido las retribuciones no básicas de los funcionarios, si el Ejecutivo de la nación no hubiera impuesto la jornada de 37,5 horas semanales y dos horas más para los docentes".
Díaz también ha recordado que es necesario esperar a que se aprueben los PGE porque "no queremos encontrarnos con más sorpresas, como lo sucedido en los últimos días en los que hemos tenido conocimiento de la reducción de los fondos en políticas activas de empleo en torno a 35 millones de euros más de lo que en un principio el Gobierno nos había trasladado". En este sentido, se ha lamentado de que "con seis millones de parados en España y un millón en Andalucía, se reduzcan los fondos para fomentar el empleo y no haya problemas para inyectar 24.000 millones de euros a un banco en apuros".
Consenso para la reforma financiera
La consejera ha manifestado que es "crucial" la reforma del sistema financiero español, sobre el que el Gobierno andaluz "viene planteando que es el origen de esta crisis, desde hace varios años". Según Díaz, esta "enésima reforma" debe realizarse "en el marco del consenso y del diálogo, por eso solicitamos que sea tramitada como proyecto de ley y que sea invitado el conjunto de fuerzas políticas del arco parlamentario a sumarse a un acuerdo necesario en un momento de dificultad para España".
Concretamente, sobre el caso Bankia, la consejera ha explicado que requiere "tal aporte de fondos públicos que requiere garantías y explicaciones por parte del Gobierno de la nación" y ha equiparado los fondos que habría que inyectar en esta entidad con "un tercio del déficit público de este país en 2012; más que todo el déficit permitido al conjunto de las comunidades autonómas, o diez veces más de lo que representa el plan de ajuste al que nos obliga el Gobierno de España a hacer a Andalucía".
En este sentido, ha subrayado la falta de transparencia con la que se ha producido todo el proceso y el "baile de cifras que ha soportado el conjunto de los ciudadanos estos días". Se ha referido a los datos sobre la entidad bancaria en la que, "en un principio, no había pérdidas, después esas pérdidas ascendieron a 30 millones de euros y, a continuación se habló de más de 3.000 millones". Del mismo modo, ha citado la cantidad prevista para la inyección de fondos que, "en un principio, se hablaba de 3.000 millones y ya vamos por casi 24.000 millones de euros". Por esto, ha reclamado que haya "luz y taquígrafo a la hora de que los ciudadanos sepan el esfuerzo que el Gobierno de la nación y el conjunto de este país va a realizar con el sistema financiero"
Finalmente, Díaz ha demandado que este dinero que se inyecte "tiene que tener una rentabilidad social" y que "no se puede perder un solo euro público". De esta forma, ha exigido que "todo el dinero que se inyecte a Bankia o al conjunto del sistema financiero tiene que servir para que fluya el crédito a las empresas, a las familias, para solucionar problemas concretos como el de las preferentes, para el pago de las hipotecas".
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