El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, durante la sesión.
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha denunciado hoy en el Pleno del Parlamento de Andalucía la decisión del Gobierno central de recortar hasta un 57% los fondos que financian las actuaciones de política activa de empleo, así como el reparto territorial realizado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ignorando los criterios objetivos aprobados en la Conferencia Sectorial celebrada el 23 de junio de 2009 para el periodo 2010-2013. En su comparecencia a petición propia y de los grupos de PSOE e IU, Ávila ha garantizado que la Consejería “continuará por todos los medios políticos y jurídicos defendiendo los derechos de los andaluces, especialmente de aquellos que peor están pasándolo en estos momentos de crisis económica.
La reducción de los recursos destinados a las políticas activas de empleo aprobada en la reunión de la Conferencia Sectorial del pasado 24 de mayo es ocho veces superior al de la media del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, cuyo presupuesto ha disminuido un 7,4%. De este modo, los fondos destinados a políticas activas de empleo en 2011 en el conjunto del país fueron 3.061,34 millones de euros mientras que en 2012 se quedan en 1.318,77 millones de euros. De ellos, a Andalucía le corresponderán 298,44 millones de euros en 2012 frente a los 692,78 millones del ejercicio anterior. Ése es el resultado de una distribución de los fondos entre las comunidades autónomas que el consejero de Economía ha rechazado tanto por la importante caída del total de recursos a disposición del conjunto del país como por los criterios de reparto aplicados, diferentes a los de ejercicios anteriores. De haberse aplicado los criterios objetivos, a Andalucía le hubiera correspondido, para cada ámbito de las políticas de empleo un porcentaje similar al del año anterior, ha añadido Ávila.
En total, aplicando los criterios objetivos, a Andalucía le corresponden 333,3 millones de euros, 34,9 millones más de los previstos. El análisis de todas las comunidades autónomas muestra que las únicas que pierden son Andalucía y Extremadura, si bien esta última recibirá, por vía de una Disposición Adicional a los Presupuestos Generales del Estado, una compensación prácticamente similar al importe que perdía en políticas activas de empleo.
Mientras el PP de Extremadura ha peleado para presentar y aprobar esa enmienda, el PP de Andalucía no ha movido un dedo para evitar la discriminación con Andalucía y ha rechazado una enmienda presentada por el Grupo Socialista en el Congreso que pedía incrementar los fondos para las políticas activas de empleo, ha explicado el consejero.
El recorte a las políticas activas de empleo afecta en Andalucía a los contratos de 1.335 trabajadores. La Junta, según el consejero, ha decidido ampliar la duración de su contrato durante tres meses, en las condiciones que permitan las disponibilidades presupuestarias. En estos tres meses nuestros esfuerzos irán dirigidos a hacer ver al Ministerio de la necesidad de cambiar su postura de recortes en políticas de empleo, para asegurar la continuidad de las labores de desarrollo territorial y promoción de empleo que desarrollan estos trabajadores, ha explicado Ávila.
La necesidad de alcanzar objetivos de déficit público impuestos por el Ministro de Hacienda, el Sr. Montoro, no puede ser más importante que la de facilitar la integración de desempleados en el mercado laboral”, ha denunciado el consejero. Según ha asegurado Antonio Ávila, el Gobierno de Mariano Rajoy condena a la sociedad a ver cómo se incrementan las cifras de desempleados y a éstos a un callejón sin salida en que no pueden reciclarse mediante la formación y a todos los colectivos les impiden recibir la orientación necesaria para incorporarse con mayor probabilidades de éxito al mercado laboral.
El pasado 8 de junio, el consejero remitió una carta a la ministra de Empleo y Seguridad Social reclamándole una reunión para analizar la situación en la que quedan las políticas activas de empleo.
ANEXO:
Criterios de reparto para las políticas activas de empleo aprobados en la conferencia sectorial de 23 de junio de 2009
La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada el 23 de junio de 2009 acordó los criterios de la distribución territorial para el periodo 2010-2013 de las subvenciones correspondientes a los programas de fomento del empleo y formación profesional para el empleo, así como el programa de modernización de los Servicios Públicos de Empleo, y las ayudas previas a la jubilación ordinaria en el Sistema de la Seguridad Social.
Los criterios objetivos de distribución y los ámbitos a que se aplican que se aprobaron fueron los siguientes: (Anexo I de la Orden TIN/887/2011 de 5 de abril)
·Para la mayor parte de los programas, relacionados con fomento a la contratación, formación de desempleados, orientación laboral, desarrollo local y promoción de autónomos y economía social, la dotación total se distribuye territorialmente conforme a:
1. el 80% de acuerdo a la media ponderada de paro registrado y demandantes no ocupados (DENOS).
2. el 10% con el mismo criterio de distribución de los fondos del Programa Operativo de Adaptabilidad y Empleo.
3. el 10% restante como factor de corrección para las Comunidades Autónomas que reciban una cantidad por parado inferior a la media.
·Las cantidades destinadas al programa Fomento del empleo indefinido de personas con discapacidad se distribuyen teniendo en cuenta el número de demandantes con discapacidad.
·Los fondos del programa Integración laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo y unidades de apoyo para el ajuste personal y social se distribuirán teniendo en cuenta las plantillas de los centros especiales de empleo.
·Los fondos para autoempleo y creación de empresas, que consisten en la subvención de cuotas a la Seguridad Social a los trabajadores que hayan capitalizado las prestaciones, según el número de los que lo hayan hecho el año anterior.
·Para la distribución de los fondos que financian el programa de Formación Profesional de los trabajadores ocupados, el promedio del número de trabajadores ocupados, excluidos los empleados del sector público.
·Y para la modernización de los servicios públicos de empleo, se distribuirán los fondos según los siguientes criterios:
1. 30% paro registrado,
2. 30% paro DENOS
3. 40% según el número de oficinas de empleo que tengan efectivos del Servicio Público de Empleo Estatal.
·Las cantidades recogidas en el concepto flexibilidad se asignan en función de los criterios aplicados a los programas de formación profesional de trabajadores ocupados y desempleados.
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