El Consejero de Economía, Antonio Ávila, con el secretario general de CC.OO, Ignacio Fernández Toxo.
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha defendido hoy en Aranjuez (Madrid) un modelo alternativo para salir de la crisis y generar empleo y ha apostado por el crecimiento a través de la cualificación, la innovación, la internacionalización de la economía y la igualdad de oportunidades.
Así lo ha puesto de manifiesto durante su conferencia en uno de los cursos de verano de la Fundación Universidad Rey Juan Carlos en el que han participado personalidades como Jesús Posada, Alfonso Alonso, Soraya Rodríguez, Cayo Lara, Antonio Beteta, Alberto Núñez Feijoo o Ignacio Fernández Toxo, el secretario general de CC.OO. con quien el consejero ha coincidido en el curso.
Ávila ha explicado que la economía andaluza y la española atraviesan momentos difíciles y que España tiene un problema de financiación relacionado con que el nivel de inversión previo a la crisis alcanzó cotas superiores al 30% de la economía, mientras que en la Unión Europea representaba poco más del 20%.
Así, ha precisado que el endeudamiento privado de España alcanza el 225,7% del PIB frente al 170% de la media de la UE. Mientras, España es de los países menos endeudados, en términos de endeudamiento público, con un 68,5% frente al 82,5% de la media de la UE. En este contexto, ha destacado que las CCAA tienen un porcentaje relativamente reducido de todo el endeudamiento público de España. En concreto, sólo explican el 19,1%, cuando su gasto público es del 50,6% (excluida la Seguridad Social) frente al 30% de la Administración General del Estado. En el caso de Andalucía, es de las CCAA menos endeudadas, con un 9,8% de su PIB, cuando la media de las CCAA es del 13,1%.
Por tanto, el consejero se ha preguntado cómo las CCAA sean las “despilfarradotas” si, con más del 50% del gasto, apenas tienen el 20% de la deuda.
Con este escenario, ha indicado que un diagnóstico basado en que el problema de la economía española deriva de un excesivo endeudamiento público es falso y, en consecuencia, las recetas basadas en exclusiva en un fuerte recorte del gasto público son inapropiadas para mejorar la raíz del problema.
Igualmente, ha lamentado que, en un contexto de “falta de financiación y de fuerte apalancamiento” del sector privado, un recorte excesivo del gasto público “estrangula” la actividad productiva, a la vez que “afecta negativamente” a la prestación de servicios básicos.
Ávila tampoco ha compartido un diagnóstico basado en que el problema son las CCAA, pues las recetas basadas en un fuerte recorte del gasto público de las CCAA son también inapropiadas para mejorar la raíz del problema, y suponen, en realidad, una agresión a la sanidad pública, a la educación pública y a los servicios sociales de España.
De otro lado, ha señalado que España no tiene un problema de gasto público si la comparación se hace en el contexto de la Unión Europea. España se sitúa en un nivel de gasto público respecto al PIB muy inferior al de países como Francia, Finlandia o Bélgica, si bien España sí tiene un porcentaje de ingresos públicos significativamente inferior a la media de la Eurozona.
Igualmente, ha indicado que de todo el gasto público que se efectúa por el conjunto de las AAPP, el 65,7% es gasto social, es decir el que se destina a educación, sanidad, desempleo, pensiones, vivienda, cultura, y son las CCAA las que dedican un mayor esfuerzo a este gasto. El Estado destina el 47,2% de sus recursos a gasto social, mientras que en las CCAA representa casi las tres cuartas partes (70,4%).
En su opinión, esta política de recortes del Gobierno central no ataca a la raíz del problema y además afecta al Estado del Bienestar, que es un factor de competitividad de España, de seguridad. Y además está derivando en una desconfianza sobre nuestra capacidad para impulsar el crecimiento económico y, por lo tanto, sobre nuestra capacidad para devolver en el futuro lo que nos fue o nos ha de ser prestado.
Según sus palabras, “está claro que la desconfianza no viene de nuestra posición en términos de déficit y deuda; si de nuestra incapacidad aparente para superarlas con crecimiento económico”.
Así las cosas, el Gobierno andaluz cree en la aplicación de las políticas “de numerador”, que bajen la ratio del déficit o la deuda sobre el PIB, pero sin dejar de prestar atención a las políticas “de denominador”, que incrementen el PIB y, con ello, también hagan disminuir dichas ratios.
Se ha referido a una política económica basada en la defensa del modelo europeo de economía social de mercado, una política económica responsable y leal con el equilibrio de las cuentas públicas a lo largo del ciclo; pero también comprometida con la reactivación económica y del empleo.
Ha defendido una política económica que combina dos vectores: sectores económicos y factores productivos, y se concreta en dotar de mayor competitividad a nuestros sectores tradicionales, renovar la base productiva con el impulso de nuevos sectores estratégicos y fortalecer los factores productivos que propician el crecimiento, como son el capital humano, la I+D, la innovación, las nuevas tecnologías, la internacionalización y la cultura emprendedora que impulse la inversión productiva.
El Ejecutivo andaluz aboga por aumentar la eficiencia de los recursos públicos, pero sin que suponga detrimento alguno en las prestación de los servicios de protección de la salud, en condiciones de igualdad y sin exclusiones, como establece el mandato constitucional.
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