La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, ha emitido desde su fundación un total de 90 informes sobre la pertinencia o no de otorgar la licencia comercial a proyectos de grandes superficies, en función del impacto que éstos pudieran ocasionar para la libre competencia en sus respectivos ámbitos. Se trata de una atribución otorgada por la legislación comercial a este organismo, y más concretamente al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía.
Estos datos, correspondientes a una de las atribuciones consultivas otorgadas a la Agencia, han sido expuestos en el marco del decimoctavo seminario “Análisis Económico de la Política de Competencia”, promovido por la Universidad de Sevilla y ADCA, y que se viene desarrollando en las facultades de Ciencias Económicas y Derecho hasta mediados del próximo mes de enero: “Se trata de un tipo de control que, debido al hipotético efecto de estos centros sobre la competencia –bien negativo, bien positivo-, constituye un mecanismo primordial en la política de promoción de la misma”, considera María Victoria Román, directora gerente de la ADCA, recordando que el Estatuto de Autonomía de Andalucía otorga a la comunidad autónoma las competencias exclusivas en promoción de la competencia: “Las actividades de promoción, donde se encuadran estos informes, son uno de los dos pilares de nuestra Agencia; el otro es la defensa de la competencia, materializada en la instrucción y resolución de procedimientos sancionadores, tal vez nuestra faceta más conocida”, recuerda.
De acuerdo con la normativa vigente, a la hora de tramitar los expedientes de licencias municipales de obras para grandes superficies comerciales, los ayuntamientos deben solicitar un informe de competencia sobre el proyecto a la ADCA. Sin embargo, ha habido un descenso progresivo del número de informes requeridos. Así, durante el primer año de vida de la Agencia (2008) se solicitaron 32, y otros 34 en 2009. A partir de ese ejercicio, el volumen fue reduciéndose significativamente, de manera que en 2010 fueron 12 los requeridos y el pasado año sólo dos: “Hay dos elementos que han incidido con fuerza en esta contracción; de un lado estaría el cambio del concepto legal de gran superficie, ocurrido en diciembre de 2009, que amplió el número de m2 requeridos para obtener tal consideración; de otro, se hallaría la propia crisis, que ha congelado proyectos en todos los ámbitos, y el comercial no representa una excepción”, señala María Victoria Román.
En los once meses transcurridos de 2012 se han informado favorablemente un total de nueve proyectos: cifra notablemente inferior a la registrada entre 2008 y 2009, pero que constituye una clara recuperación de los registros aportados por el ejercicio económico anterior.
Por lo que respecta a la clasificación de los proyectos por zonas, Sevilla ha sido la provincia para la que se han analizado más propuestas, con 27; seguida de Cádiz, con 19; Córdoba y Málaga, con 10 cada una; Almería y Granada con 9; y cierran la lista Huelva y Jaén, con 4 y 2, respectivamente.
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