Constitución de la mesa de trabajo que estudiará las repercusiones y daños del cártel del Euríbor.
La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha constituido, a través de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), un grupo de trabajo de para el estudio de las reclamaciones por daños y perjuicios derivados de actuaciones anticompetitivas en el mercado, que comenzará su actuación analizando las repercusiones en Andalucía del pacto de precios realizados por varios bancos para manipular el Euríbor. Se trata de la primera iniciativa impulsada por una comunidad autónoma española para determinar posibles repercusiones de este pacto o cártel.
En el grupo participan los tres colectivos de consumidores presentes en Andalucía (Al-Ándalus, Facua y UCA-UCE), la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, los directores de la Cátedra de Competencia de la Universidad de Sevilla (profesores de las facultades de Derecho y Económicas) y la propia ADCA.
Este acuerdo ilegal para manipular tipos de interés fue realizado por ocho entidades financieras europeas (Deutsche Bank, Société Générale, Royal Bank of Scotland, JP Morgan, Citigroup, RP Martin, Barclays y USB) entre 2005 y 2008 y ha sido sancionado en diciembre del pasado año por la Comisión Europea, que ha impuesto a una multa de 1.710 millones de euros.
La sanción se ha aplicado a seis de los ocho bancos participantes en el cártel por violar repetidamente las normas de competencia. Se trata de la mayor sanción aplicada nunca por cártel en la UE y la primera a la banca europea por prácticas anticompetitivas. En concreto, la Comisión considera que estos bancos actuaron entre septiembre de 2005 y mayo de 2008 para manipular los tipos de interés de referencia como el Euríbor (Euro Interbank Offered Rate) y el Líbor (London Interbank Offered Rate), lo que les permitió ganar aún más dinero que otros bancos que no participaron en el cártel.
Tanto el Euríbor como el Líbor son utilizados por las entidades financieras para prestar o pedir prestado dinero a otros bancos, lo que les permite asegurar su financiación a corto plazo. Además, estos tipos de interés interbancarios sirven de referencia a los préstamos de hogares y empresas.
En el caso del Euríbor, que es el índice de referencia más utilizado en España para calcular los intereses de las hipotecas, se calcula sobre la base de los datos que envían cada día los 44 bancos participantes en el panel a Thomson Reuters, que ejerce de agente calculador para la Federación Bancaria Europea.
Según la Comisión Europea, los bancos sancionados discutían entre ellos los datos que iba a ofrecer cada entidad para el cálculo del Euríbor, así como su estrategias de negociación y de fijación de precios, con el fin de maximizar los beneficios para las entidades.
El Euríbor es el interés de referencia que se aplica a millones de hipotecas, ahorradores y empresas, a través de productos derivados vinculados a este índice. Según datos del INE, en septiembre de 2013 el 90% de las hipotecas vigentes ese mes utilizaban el Euríbor como índice de referencia.
Actividad del grupo de trabajo andaluz
El grupo de trabajo constituido comenzará elaborando una metodología para analizar las posibles repercusiones de este cártel sobre ciudadanos andaluces y entidades financieras y para facilitar las acciones de reclamación de daños por infracciones de la normativa de competencia. Para ello, la Agencia de la Competencia, partiendo del marco jurídico aplicable y de los antecedentes del caso, estudiará y cuantificará los daños y perjuicios, trabajará posibles propuestas de modificación normativa, tanto en este caso, como en otros que se analicen posteriormente, y se encargará de dar difusión a los resultados de este grupo de trabajo.
Por su parte, la Secretaría General de Consumo trasladará al grupo reclamaciones, quejas, solicitudes de arbitraje, etc. de personas consumidoras andaluzas, por actuaciones de operadores en el mercado contrarias a la competencia, con atención especial a los datos de quejas por manipulaciones del Euríbor. En este sentido, recopilará datos provinciales, estudiará el marco actual de reclamaciones colectivas por daños y perjuicios a consumidores y usuarios y vías alternativas de resolución de conflictos (mediación, arbitraje, etc).
Del mismo modo, las Federaciones de Consumidores y Usuarios trasladarán al grupo las quejas que puedan recibir por los casos que sean objeto de estudio, especialmente sobre el tema del Euríbor; facilitará información de los estudios y conclusiones que se alcancen en el grupo de trabajo a través de sus redes de información al consumidor; y agrupará a personas afectadas a las que facilitará el acceso a los tribunales, entre otras actuaciones.
Finalmente, los directores de la Cátedra de Política de Competencia de la Universidad de Sevilla analizarán el marco jurídico europeo en materia de reclamaciones por daños y perjuicios y estudiarán de forma comparada los principales sistemas de reclamación en Europa.
La constitución de este grupo de trabajo se enmarca en el convenio de colaboración existente entre la Agencia de la Competencia de Andalucía y las Federaciones de Consumidores. Su objetivo final es estudiar todos los supuestos en los que sea posible instar la reclamación de daños por este cártel y las vías para que los afectados de forma directa o indirecta puedan hacerlo.
Guía sobre reclamaciones por daños y perjuicios en materia de competencia
La Agencia Andaluza de la Competencia, junto a las organizaciones de consumidores andaluzas, ya editó en junio del pasado una guía básica sobre 'Reclamaciones por daños y perjuicios en materia de derecho de la competencia', la primera de sus características que se edita en España.
El objetivo es que los colectivos de consumidores y los ciudadanos particulares sepan detectar prácticas anticompetitivas, conozcan sus derechos y sepan cuáles son los cauces para defenderlos y reclamarlos.
En un contexto de crisis, las economías domésticas pueden resentirse considerablemente por el desconocimiento de derechos tan básicos como los que inciden en esta materia: pacto de precios, abuso de posiciones de dominio por parte de empresas u otros hechos que limitan la oferta de productos y servicios. De hecho, se estima que sólo los daños infringidos por los cárteles –acuerdos de empresas para limitar la competencia- le cuestan a cada ciudadano unos 140 euros anuales. En el conjunto de Europa, el perjuicio puede alcanzar los 69.000 millones de euros, suponiendo un impacto de hasta el 0.55% del PIB de la UE. A pesar de ello, informes de la UE señalan que sólo se detectan entre un 10 y un 20% de los cárteles.
Por eso, la ADCA lleva cinco años adoptando cuantas medidas están en sus manos para cambiar esta realidad, formando a sus ciudadanos en la materia, creando conciencia y, a través de iniciativas como esta guía, enseñando a detectar prácticas ilegales y a denunciarlas.
El documento consta de diez apartados donde se analizan aspectos como las consecuencias directas de infringir la normativa en materia de competencia, cómo y cuándo formular reclamaciones por daños y perjuicios, cuál es el plazo de prescripción o qué pruebas deben aportarse.
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