La Junta reclama al Gobierno que los precios de la energía sean competitivos y razonables para los ciudadanos y las empresas.
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha informado hoy en el Parlamento de las alegaciones presentadas por la Junta de Andalucía ante el Gobierno central por la normativa que regula las retribuciones de las renovables, entre ellas, la necesidad de mantener hasta 2020 un régimen retributivo transitorio que garantice la viabilidad, el mantenimiento de inversiones y empleo en las instalaciones de producción energética de fuentes renovables ya operativas en la comunidad.
Sánchez Maldonado, que ha realizado una análisis de la política energética que desarrolla el Ejecutivo central y los efectos de la subida de la electricidad, ha indicado que esta transitoriedad implicaría la no retroactividad de los parámetros retributivos finalmente marcados por el Gobierno central y una especial sensibilidad hacia las tecnologías e instalaciones cuyas nuevas retribuciones se alejen de las recibidas en la normativa anterior.
La Consejería de Economía ha realizado esta solicitud en el documento de alegaciones a la propuesta de la ‘Orden por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos’, remitida el pasado 3 de febrero desde la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y que desarrolla el Real Decreto pendiente de publicación que regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos.
El consejero ha señalado que la aprobación de esta norma pondría en riesgo el cumplimiento de los compromisos europeos suscritos por el Gobierno de España y generará una inseguridad jurídica que afectaría a los inversores ya presentes en territorio andaluz, al reducirse el régimen retributivo drásticamente. Frente a ello, ha apuntado como necesario “extremar la prudencia” para evitar efectos como cierre de plantas y un desprestigio para la imagen exterior de España y Andalucía como destino inversor.
Para la Junta de Andalucía, el hipotético cierre de plantas derivado de una caída en su rentabilidad también implicaría una reducción en la cantidad de energía producida mediante fuentes renovables, con un efecto doble: el encarecimiento de la energía, con incidencia en las economías domésticas e industriales; y la disminución de la independencia energética, en la que se han dado pasos muy importantes durante la última década.
Junto a ello, el titular de Economía ha expresado su preocupación por la incidencia en la economía de las empresas, que ya están abonando tasas energéticas muy elevadas, pues en ellas se encuentran la mayoría de las instalaciones de cogeneración del territorio andaluz, y que experimentarían una disminución en sus retribuciones. Lo mismo sucede con las plantas de biomasa, para las que ha reclamado una consideración adicional por el valor estratégico de eliminación de residuos tan importantes como los procedentes del olivar y sus efectos en la fijación de población rural.
El precio de la electricidad
Respecto a los precios de la electricidad y las últimas decisiones tomadas al respecto por el Gobierno de España, Sánchez Maldonado ha reclamado al Ejecutivo central un precio de la energía competitivo y razonable para los ciudadanos y las empresas.
El consejero ha recordado que, a pesar de ser la energía un bien básico y uno de los principales factores de competitividad, la evolución de los precios energéticos ha conducido a que España tenga una de las electricidades más caras de Europa (según Eurostat en los últimos cinco años el precio del kilovatio/hora se ha incrementado un 63%, mientras en la Zona Euro subió un 29%), lo que nos sitúa como sexto país de la UE con las tarifas domésticas más caras (un 11,2% superior a la media).
Para Sánchez Maldonado, la política energética que está desarrollando España, además de no solucionar el problema del déficit tarifario ni los incrementos del precio de la electricidad, están suponiendo una pérdida de renta para las familias, cada vez más castigadas por recortes y subidas de impuestos, y una pérdida de competitividad para las empresas, especialmente aquellas cuyos costes de producción dependen en gran parte de costes energéticos.
Entre las decisiones adoptadas recientemente por el Gobierno central, ha citado la paralización en diciembre de la subasta que servía para fijar la tarifa durante el primer trimestre, y que según el Gobierno abocaba a una subida de tarifa del 11%; la nueva Ley del Sector Eléctrico que se aprobó el 26 de diciembre, manteniendo el actual mercado mayorista y las subastas, modificada un día después por un Real Decreto Ley para establecer un mecanismo transitorio; y la aplicación de una nueva reforma que establece que a partir del 1 de enero el término de potencia del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor PVPC (la antigua tarifa de último recurso o TUR) sube un 18%, hasta los 42,04 euros por kilovatio.
Estas medidas, ha añadido, dibujan un escenario que encarece el doble la tarifa contratada respecto a hace un año y desincentiva el esfuerzo del consumidor por reducir el gasto en electricidad, ya que la mayor parte de lo que paga es una cuantía fija que no varía independientemente de lo que consuma. Se trata, según el consejero, de una reforma “injusta e ineficaz” que hará que sea más cara la energía y se castigue, sobre todo, a aquellas familias que están en una débil situación económica, situándolas en pobreza energética.
Asimismo, ha explicado que este escenario se puede ver aún más agravado porque, tras intervenir abruptamente el mercado con la paralización de subasta, el Ministerio de Industria va a establecer por Real Decreto un nuevo sistema de fijación del precio de la energía para los consumidores acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), que pasará de fijar el precio trimestralmente a través de subastas a hacerlo en función de la cotización del mercado mayorista.
Frente a ello, Sánchez Maldonado ha destacado que el Gobierno andaluz coincide en que la fijación de precios no puede realizarse por el régimen de subastas, pero ha señalado que la propuesta de nuevo sistema no puede asegurar la bajada de tarifa, que dependerá de cómo cotice el pool energético; discrimina a los consumidores según tengan contadores inteligentes o no; y desaprovecha la oportunidad de regular en una única norma todos los aspectos relacionados con precios, peajes y tarifas de pequeños consumidores, así como de las condiciones generales de su contratación.
Respecto a las repercusiones para la industria, ha recordado que los aumentos en los precios de la electricidad han sido constantes desde 2007 y que las reformas han empeorado esta situación en sectores consumidores intensivos de energía, como el agroindustrial, el siderúrgico y la industria pesada, que ya han advertido de la imposibilidad de competir con la nueva estructura del sistema. Las dificultades que encuentran se dan tanto por los precios como por la mayor exigencia en las condiciones de la “interrumpibilidad” (mecanismo por el que algunas grandes industrias se desconectan del sistema eléctrico en momentos de picos consumo, para evitar peligros de sostenimiento del sistema).
Ante este panorama, el consejero de Economía ha reclamado un gran Pacto de Estado, un marco de diálogo constructivo con el sector y las comunidades autónomas para vertebrar una política energética orientada a la sostenibilidad socioeconómica y medioambiental, con capacidad para aportar independencia energética, tejido industrial y empresarial, innovación tecnológica y empleo de calidad.
Del mismo modo, ha pedido al Ejecutivo central que reconozca la inseguridad jurídica generada por la reforma, reconsidere las medidas que deben abordar las causas del déficit, más allá de una visión cortoplacista, y establezca un modelo energético nacional menos dependiente del exterior, con precios competitivos y razonables para empresas y ciudadanos y sostenible económica y ambientalmente.
En esta línea, ha señalado las aportaciones que el Gobierno andaluz ha realizado a través de la Comisión Bilateral entre ambas administraciones, centradas en una estrategia clara y transparente para los consumidores y hacia las que apunta también la Estrategia Energética en Andalucía 2014/20, que elabora actualmente la Consejería de Economía y que definirá la hoja de ruta del sector energético andaluz en los próximos años.
Entre dichas aportaciones destacan medidas como la revisión de la actual política energética para impulsar el sector de las renovables, priorizar la rehabilitación y eficiencia energética de los hogares, mantener y ampliar el ámbito de actuación del bono social y extenderlo a otro tipo de energía doméstica (gas natural y butano), articular medidas que mejoren la capacidad de pago de los hogares afectados por la pobreza energética, garantizar una mejor atención de las empresas energéticas a los consumidores y el acceso a la información de los telecontadores inteligentes.
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