Las autoridades regionales en materia de Competencia de Cataluña, País Vasco y Aragón han manifestado a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA) su intención de sumarse al grupo de trabajo andaluz para estudiar reclamaciones, daños y perjuicios derivados de actuaciones anticompetitivas en el mercado que actualmente estudia las repercusiones sobre los ciudadanos del pacto realizado por varios bancos para manipular el Euríbor.
Así lo ha señalado hoy en Sevilla la directora de la ADCA, María Victoria Román, durante las jornadas ‘Reclamaciones colectivas de daños y perjuicios. Daños derivados de conductas anticompetitivas. Directiva y Euríbor’, organizadas por esta Agencia dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Román ha destacado la importancia de que otras comunidades autónomas estén presentes en esta mesa “para aportar distintas visiones e información de otras regiones y sumar fuerzas en el estudio de este caso, con el que pretendemos continuar con la defensa de los derechos de los consumidores que realizamos las entidades responsables de velar por el mantenimiento de las normas de competencia en los mercados”.
Durante las jornadas, la ADCA ha explicado que actualmente esta mesa estudia el marco jurídico existente tanto a nivel europeo como nacional que podría afectar a la manipulación del Euríbor, así como una nueva Directiva que prepara la Comisión Europea para facilitar las demandas colectivas por daños y perjuicios contra las empresas que participan en acuerdos anticompetitivos.
Además, el proceso de estudio está pendiente de la resolución administrativa definitiva de la sanción impuesta por la Comisión Europea a varios bancos por la manipulación del Euríbor, en la que se ampliará información sobre cómo las entidades bancarias llevaron a cabo este proceso.
En base a ambas informaciones, la mesa estudiará el alcance de dicha manipulación para los ciudadanos, en general, y andaluces, en particular, y si existe la posibilidad de que los afectados puedan llegar a reclaman a las entidades financieras por los daños y perjuicios causados.
Este tema ha sido abordado en las jornadas organizadas ayer y hoy por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla.
El objetivo de este encuentro era servir de punto de partida para analizar la normativa nacional y europea ante conductas anticompetitivas o de pactos de precios entre empresas, así como la incidencia del caso de manipulación del Euríbor para los consumidores andaluces.
En la primera jornada participaron en el encuentro el ex presidente de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) José Luis Berenguer Fuster y el abogado José Luis Alcaraz Sánchez-Cañaveral. Berenguer, quien abordó el tema de los ‘Daños y perjuicios derivados de ilícitos anticompetitivos’.
Berenguer alabó la oportunidad de celebración de estas jornadas coincidiendo con la aprobación esta semana del texto definitivo de la Directiva europea, que será votada en el próximo pleno del Parlamento europeo, concretamente el próximo 18 de abril. Gracias a este avance normativo, señaló Berenguer, “a partir de ahora las empresas no sólo van a temer las fuertes sanciones de competencia, sino también a las indemnizaciones por daños”.
La segunda jornada, celebrada hoy, ha contado con la intervención del secretario general de Economía, Gaspar Llanes, que ha valorado positivamente esta iniciativa. Acto seguido, la presidenta del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, Isabel Muñoz, ha dado paso a la intervención de la europarlamentaria María Irigoyen Pérez, que ha hablado sobre ‘El caso del Euríbor y la propuesta de Directiva’ europea que regulará las conductas anticompetitivas. Según Irigoyen, con la futura aprobación de esta Directiva la Unión Europea, “se toma conciencia de que en temas de competencia todos somos consumidores vulnerables”. Respecto al caso del Euribor, ha propuesto que las cantidades de la multa se destinen a financiar el programa europeo para la juventud.
Tras esta ponencia, se ha celebrado una mesa debate sobre ‘Las reclamaciones de daños y perjuicios por daños a los consumidores’ en la que han participado representantes de FACUA-Consumidores en Acción, la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA/UCE) y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa Al-Ándalus.
Con la organización de estas jornadas, la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía y la Junta de Andalucía continúan la labor iniciada a finales de enero con la creación de un grupo de trabajo para estudiar reclamaciones, daños y perjuicios derivados de actuaciones anticompetitivas en el mercado, que ha comenzado su labor estudiando las repercusiones sobre los andaluces del pacto realizado por varios bancos para manipular el Euríbor.
En este grupo participan las tres federaciones de consumidores presentes en Andalucía (Al-Ándalus, Facua y UCA-UCE), la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, dos miembros de la Cátedra de Competencia de la Universidad de Sevilla (de las facultades de Derecho y Económicas), la Cátedra de Política de Competencia de la Universidad de Málaga (UMA), varias autoridades de competencia autonómicas y la propia ADCA. Se trata de la primera iniciativa impulsada por una comunidad autónoma española para determinar posibles repercusiones de este pacto o cártel.
Caso del Euríbor
El acuerdo ilegal para manipular tipos de interés fue realizado por ocho entidades financieras europeas (Deutsche Bank, Société Générale, Royal Bank of Scotland, JP Morgan, Citigroup, RP Martin, Barclays y USB) entre 2005 y 2008 y ha sido sancionado en diciembre del pasado año por la Comisión Europea, que ha impuesto a una multa de 1.710 millones de euros (4 de diciembre de 2013, se adjunta varios links de diferentes medios que abordaron la noticia).
La sanción se ha aplicado a seis de los ocho bancos participantes en el cártel por violar repetidamente las normas de competencia. Se trata de la mayor sanción aplicada nunca por cártel en la UE y la primera a la banca europea por prácticas anticompetitivas.
En concreto, la Comisión considera que estos bancos actuaron entre septiembre de 2005 y mayo de 2008 (hasta unos tres meses antes de la quiebra de Lehman Brothers) para manipular los tipos de interés de referencia como el Euríbor (Euro Interbank Offered Rate) y el Líbor (London Interbank Offered Rate), lo que les permitió ganar aún más dinero que otros bancos que no participaron en el cártel.
Tanto el Euríbor como el Líbor son utilizados por las entidades financieras para prestar o pedir prestado dinero a otros bancos, lo que les permite asegurar su financiación a corto plazo. Además, estos tipos de interés interbancarios sirven de referencia a los préstamos de hogares y empresas.
En el caso del Euríbor, que es el índice de referencia más utilizado en España para calcular los intereses de las hipotecas, se calcula sobre la base de los datos que envían cada día los 44 bancos participantes en el panel a Thomson Reuters, que ejerce de agente calculador para la Federación Bancaria Europea.
Según la Comisión Europea, los bancos sancionados discutían entre ellos los datos que iba a ofrecer cada entidad para el cálculo del Euríbor, así como su estrategias de negociación y de fijación de precios, con el fin de maximizar los beneficios para las entidades.
El Euríbor es el interés de referencia que se aplica a millones de hipotecas, ahorradores y empresas, a través de productos derivados vinculados a este índice. Según datos del INE, en septiembre de 2013 el 90% de las hipotecas vigentes ese mes utilizaban el Euríbor como índice de referencia.
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