El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, en el Parlamento.
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha defendido hoy el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno andaluz contra la Ley de Unidad de Mercado por tratarse de una norma estatal que invade competencias y resta autonomía a Andalucía.
Sánchez Maldonado ha recordado que la Ley 20/2013 de Garantía de Unidad de Mercado, que entró en vigor el 11 de marzo, ha generado alarma en órganos como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Económico y Social y es una norma estatal elaborada “a espaldas” de las comunidades autónomas, que ha sido recurrida también por País Vasco y Cataluña.
A que a estas comunidades autónomas, ha añadido, les preocupa que otras regiones con normas más laxas y niveles de amparo jurídico más endebles o inexistentes se conviertan en paraísos normativos y económicos para las empresas que quieran penetrar en otras regiones con legislaciones más rigurosas en la protección de sus consumidores.
El consejero ha explicado que esta ley va a comportar una gran discriminación entre los operadores económicos según la región de donde provengan, ya que al amparo de esta ley la comunidad donde quiera ejercer una empresa con sede social en otra se verá forzada a dejarla operar sin poderle exigir los requisitos que sí impone a sus propios operadores económicos, pese a ser el territorio destinatario final de sus bienes o servicios.
Según el titular de Economía, en la práctica, esto perjudicará a las empresas andaluzas, que van a tener que operar en el mercado andaluz compitiendo con empresas provenientes de otras comunidades que pueden regirse por marcos jurídicos menos exigentes, algo que se verá facilitado aún más en el caso de empresas con centros o instalaciones abiertos en varias CCAA, a las que se les permite elegir la normativa autonómica a la que acogerse, en función de su conveniencia.
También ha resaltado que afecta gravemente a los ciudadanos, porque incita a la desregulación y hace prevalecer el inicio y desarrollo de actividades económicas sobre otros intereses generales como la seguridad de los consumidores, ignorando la mayor parte de las “razones imperiosas de interés general” recogidas en las Directivas Europeas.
Otro efecto de la norma señalado por Sánchez Maldonado es el debilitamiento de las facultades autonómicas de control y sanción respecto de los productos fabricados fuera de la comunidad, puesto que un operador foráneo que comercialice sus productos en Andalucía sólo podrá ser sancionado por el incumplimiento de normas de elaboración y calidad aplicables en su comunidad de origen y no con el rigor con que la normativa de la Junta de Andalucía quiera proteger al consumidor andaluz.
Bases del recurso
Ante todo esto, el consejero ha explicado que el Gobierno andaluz ha promovido un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado que se fundamenta, entre otras razones, en que vulnera las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; atenta contra la eficacia territorial de las normas de Andalucía, al conceder un efecto extraterritorial a las normas de otras regiones; y perturba la competencia de la comunidad andaluza para la regulación y el control de la actividad económica reconocida en el Estatuto de Autonomía.
Del mismo modo, el recurso argumenta que la Ley discrimina la normativa de la comunidad y establece la prevalencia de la normativa de la autoridad de origen; y vulnera el principio de seguridad jurídica, ya que el criterio que lleva a aplicar la normativa en función de la procedencia del sujeto y no del lugar donde se ejerza la actividad origina que en un territorio puedan coexistir regímenes jurídicos distintos respecto de un mismo producto o servicio.
Junto a ello, la norma se recurre porque vulnera la competencia de Andalucía de organización institucional y establecimiento del procedimiento administrativo, al obligar a las comunidades a remitir a la Administración central sus proyectos normativos que afecten a la unidad de mercado; y por la regulación de los mecanismos de defensa para los operadores económicos, pues les concede la facultad de reclamar, no ante la autoridad autora de los actos y disposiciones, sino ante un órgano estatal.
Sánchez Maldonado ha insistido en que el Gobierno andaluz comparte el principio de unidad de mercado y, en esta línea, está acometiendo un ambicioso programa de reducción de las cargas y barreras administrativas que afectan al inicio o desarrollo de la actividad económica, que coordina la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, dependiente de la Consejería de Economía, en colaboración con las restantes Consejerías.
Asimismo, ha señalado que, a pesar de este recurso, Andalucía ha mostrado su lealtad institucional frente a la Administración central y está asistiendo en una actitud dialogante a todas las Conferencias Sectoriales que se están convocando en el marco del Programa de Garantía de Unidad de Mercado y del Plan estatal de Racionalización Normativa.
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