La Junta de Andalucía ha denunciado hoy que el Gobierno central ha recortado en más de un 55% la cuantía del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) en la presenta legislatura. El Ejecutivo andaluz ha reclamado el incremento de este Fondo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año al entender que la aplicación del FCI en la actual coyuntura de crisis económica es la única manera de mantener los principios constitucionales de cohesión social y de igualdad de oportunidades en los territorios del Estado.
El Gobierno andaluz ha mostrado su disconformidad con el reparto del FCI durante una reunión celebrada en Madrid del Comité de Inversiones Públicas, que reúne al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a representantes de las Comunidades Autónomas para tratar de las inversiones públicas del Estado y la distribución de este Fondo para 2015.
El importe comunicado del FCI para 2015 se eleva a 432,43 millones euros para el conjunto de comunidades y ciudades autónomas beneficiarias: Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Ceuta, Extremadura, Galicia, Comunidad Valenciana, Melilla y Murcia. Para Andalucía, se ha comunicado una inversión de 160,47 millones de euros, una cantidad similar a la de 2014.
Los representantes de la Junta de Andalucía han puesto de manifiesto que con la cifra prevista para el año 2015, el porcentaje de fondos destinado a corregir los desequilibrios económicos interterritoriales en España se ha reducido a más de la mitad en lo que va de legislatura. En total, el recorte ha sido del 55,1% en España y del 54,5% en Andalucía, en un periodo de crisis económica en el que tienden a aumentar los desequilibrios económicos entre regiones.
De este modo, se ha recordado que, en el periodo 2012-2013, han aumentado las disparidades regionales en España. Las regiones de mayor PIB per cápita, que no participan de este fondo (FCI) y tienen un 50% de PIB per cápita superior a las que sí lo reciben, han mejorado su posición relativa en 0,7 puntos, mientras que las de menor renta per cápita la han reducido en 0,4 puntos.
La Junta de Andalucía considera que el principio de solidaridad y las políticas dirigidas a reducir los desequilibrios interterritoriales han de ser un elemento central de la política económica de España, aún más en periodos de crisis donde deben incrementarse las prioridades dirigidas a las personas que más la sufren en las regiones con menores niveles de empleo y renta.
El FCI viene a dar cumplimiento a preceptos constitucionales que son pilares del Estado democrático de derecho y del modelo de economía social de mercado. Así, el artículo 2, el 138.1 y el 158.2 de la Constitución configuran las bases legales este instrumento, al disponer que se constituirá con el fin de corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad entre las comunidades autónomas que presentan un menor desarrollo económico dentro del Estado.
Disposición Adicional Tercera
Por otro lado, la Junta de Andalucía ha reclamado también al Gobierno central la liquidación de la Disposición Adicional Tercera (DAT) del Estatuto de Autonomía, dado que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014 finalizaba el plazo de siete años establecido en la misma. Así, se ha reclamado un total de 2.298 millones correspondientes al período 2008-2014 de vigencia de la DAT.
En este sentido, el Ejecutivo andaluz ha solicitado la ejecución del procedimiento extraordinario previsto en la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado para incorporar dicha cantidad en los PGE 2015.
Finalmente, durante la reunión del Comité de Inversiones Publicas del Estado, la Junta de Andalucía ha hecho entrega al Gobierno central de la Agenda por el Empleo 2014-2020, documento aprobado en julio de 2014 por el Gobierno andaluz y con el consenso de los agentes económicos y sociales de Andalucía.
En esta Agenda se incluyen las necesidades de inversiones públicas de Andalucía, provenientes tanto de los Fondos Europeos como del Estado y de la propia Junta de Andalucía. La estimación total de la inversión asciende a 45.305 millones, de los que 24.191 millones tendrían que ser invertidos por la Administración General del Estado.
La Junta de Andalucía ha reiterado la necesidad de tomar las medidas oportunas para reforzar las políticas de solidaridad interterritorial y, en el caso de Andalucía, cumplir la legalidad, así como de asumir el compromiso de inversión por parte del Estado establecido en la Agenda por el Empleo de Andalucía.
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