Andalucía a un año vista del cierre del marco 2007/13 presenta un nivel de ejecución de los Fondos Europeos certificado ante Bruselas del 78%, según ha destacado hoy en Comisión parlamentaria el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado.
El consejero ha explicado que a este dato hay que añadir, desde el punto de vista presupuestario, que existe un gasto comprometido por valor del 103% y pagado por valor de 95,5%. En el marco 2007-2013, ha indicado, el gasto público total de los fondos estructurales que gestiona Andalucía asciende a 9.089 millones de euros.
Sánchez Maldonado ha recordado que la Junta “siempre ha gestionado de forma eficaz estos fondos, por encima del 100%”. En concreto, la ejecución en el marco 94-99 fue del 113,2% sobre la programación inicial, en el 2000-2006 del 130,2% sobre los créditos iniciales y en el último marco se alcanzará el 103%. Además, ha añadido, en los dos marcos anteriores ya cerrados, se han obtenido 1.229 millones de recursos adicionales a los inicialmente asignados.
En este marco 2007-2013, el incremento de recursos provenientes de otras administraciones es, hasta la fecha, de 254 millones, a los que hay que añadir 30 millones más que hoy ha aprobado el consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Desde el ingreso de España en la Unión Europea en el año 1986, Andalucía ha recibido 40.934 millones de ayudas de fondos estructurales, de los que la comunidad ha gestionado 17.034 millones, el 40% del total, siendo el resto gestionado por el Estado.
Doble proceso de verificación
El consejero ha analizado además el proceso de verificación y de justificación de los Fondos Europeos del Fondo Social, el Fondo de Desarrollo Regional y los destinados a cofinanciar los programas de formación profesional para el empleo.
En sentido, ha destacado que, para llevar a cabo este proceso, el Gobierno andaluz cuenta con una Dirección General específica, la de Fondos Europeos, “que ejerce como autoridad de gestión u organismo intermedio de los mismos”.
Esta Dirección “establece los procedimientos para garantizar la selección de las operaciones para su financiación; comprueba que se ha llevado a cabo la prestación de los servicios objeto de cofinanciación, que se ha incurrido en el gasto declarado y que éste cumple las normas comunitarias y nacionales aplicables; y garantiza que los beneficiarios y otros organismos participantes mantienen un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en relación con todas las transacciones, sin perjuicio de las normas de contabilidad nacional”.
Además, “garantiza que se dispone de todos los documentos sobre el gasto y las auditorías necesarios para contar con una pista de auditoría que garantice la fiabilidad de las solicitudes de reembolso que se presenten por la Autoridad de Gestión a la Autoridad de Certificación; y que todos los documentos justificativos relacionados con los gastos y las auditorías se mantienen a disposición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas durante un periodo de tres años a partir del cierre del Programa Operativo o de tres años a partir del año en que haya tenido lugar el cierre parcial”.
Junto a ello, “dispone de un sistema informatizado de registro y almacenamiento de datos que permiten su acceso a la Unidad de Gestión de Europa y garantiza que las evaluaciones de los Programas Operativos se llevan a cabo con arreglo a lo dispuesto en el mencionado Reglamento europeo”.
Todo este proceso, ha explicado el consejero, supone “el que se den dos procedimientos de verificaciones: a nivel administrativo de todas las solicitudes de reembolso de los beneficiarios, sobre el 100% del gasto declarado; y sobre el terreno de operaciones concretas”.
En los casos en los que se detectan incidencias, “se requiere al órgano gestor para la aportación de la documentación que subsane las mismas, y una vez obtenida se valida de conformidad”. Asimismo, “los pagos verificados, fiscalizados por la Intervención, y certificados a la Comisión Europea, son sometidos a su vez al control de la Autoridad de Auditoría de los Programas (en general la Intervención General del Estado y por delegación las Intervenciones Autonómicas), al control de la Autoridad de Gestión (Administración Central), al control de los servicios de Auditoría de la Comisión y al control del Tribunal de Cuentas Europeo”.
Este proceso de control se ha realizado en las 6.928 operaciones registradas hasta el momento en el sistema en el marco 2007-13, en las que se ha controlado la elegibilidad, presupuesto, coherencia con las políticas medioambientales, procedimientos de licitación y contratación, procedimientos de publicación, la justificación del gasto, su correcta pista de auditoría y la realidad de la inversión realizada.
Según Sánchez Maldonado, “estos filtros de validación y justificación cierran todo un círculo que tiene un marcado carácter garantista, que intenta certificar al máximo el acertado uso de los fondos procedentes de la Unión Europea”.
De este lado, el consejero ha criticado al líder del Partido Popular de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ”por ir a Bruselas a desprestigiar a Andalucía y pedir una investigación sobre la gestión de los fondos europeos, en lugar de ir a Madrid a pedir los 700 millones que no nos dan a los andaluces incumpliendo el principio de adicionalidad”. “Lo que deben exigir a Madrid es que le expliquen qué pasa con el cumplimiento de la adicionalidad”, ha espetado al Grupo Parlamentario Popular.
“Porque si tanto le duelen a ustedes los andaluces y sus empresas, debería saber y refrescarse los datos, y tener claro que Rajoy debería haber invertido en Andalucía 4.173 millones de euros, y sólo ha destinado 3.484 millones de euros. Y eso no son datos inventados. Son datos cerrados de 2012 y 2013, Es decir, un déficit de inversión de casi 700 millones de euros para haber cumplido con la adicionalidad”, ha remarcado.
El consejero ha recordado también que la gestión andaluza de los Fondos Europeos ha sido resaltada en varias ocasiones por representantes nacionales y europeos, y que el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en su calidad de Autoridad de Gestión del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, ha reasignado 30 millones de euros de ayuda comunitaria del tramo de la Administración General del Estado al tramo gestionado por la Junta, “que van a suponer un gasto público total de 37,5 millones en la comunidad con la cofinanciación del 20% por parte de la Administración autonómica”.
Finalmente, el consejero ha reprochado al PP la tergiversación de los datos, “contaminando e intoxicando a la opinión pública”. “No es de recibo que el Grupo popular mienta en las cifras, las use torticeramente y no reconozca los datos públicos que sustentan las políticas con fondos europeos. Y no es de recibo, porque por más que se intente desacreditar al Gobierno andaluz, por más que se falseen los datos y se eleven aquí a verdad, no van a hacer que se impongan las afirmaciones basadas en la mentira que el Partido Popular hace constantemente”, ha lamentado.
De este lado, el titular de Economía les ha explicado “esas mentiras”, pues desde el ingreso de España en la Unión Europea en el año 1986 Andalucia ha recibido 40.934 millones de euros de ayudas de fondos estructurales, “no 80.000 millones de euros como denuncian ustedes, porque ustedes incluyen el FEOGA, unos fondos que reciben directamente los agricultores”.
“De esos 40.000 millones de euros, Andalucia solo ha gestionado 17.128 millones de euros, es decir el 40% de los fondos estructurales. El resto lo ha gestionado el Estado, lo que supone un impacto del 0.7 % de nuestro PIB”, ha asegurado Sánchez Maldonado, quien ha defendido “la gestión eficaz de la Junta de estos fondos, siempre por encima del 100%”.
Así, ha puesto como ejemplo el Marco 94-99, con una ejecución final del 113%; el Marco 2000-2006, con una ejecución final del 130%, y el marco actual, con las cifras que ha facilitado anteriormente, “que a la fecha suponen un nivel de ejecución del gasto certificado a Bruselas, del 78%, a un año de cierre”. “Y todo esto sin perder fondos como ya ha sucedido en comunidades como Baleares, Valencia, Extremadura y Madrid”, ha concluido.
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