La consejera de Fomento, Rocío Díaz, en su intervención este mediodía en el Pleno del Parlamento andaluz.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha pedido al Ayuntamiento de Carboneras que acate cuanto antes la última sentencia y revise de oficio la licencia de obra del hotel del Algarrobico. La consejera ha indicado en el pleno del Parlamento andaluz que se trata del último paso previo en la hoja de ruta del Gobierno andaluz para proceder a la demolición del hotel y así restituir cuanto antes un espacio de incalculable valor como es el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
Rocío Díaz se ha mostrado satisfecha por el último pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre este asunto, que da la razón a la Junta y anula el acuerdo de Carboneras (Almería) que desclasificó el hotel del Algarrobico. “Un pronunciamiento –ha recordado la titular de Fomento–dictado a instancias de esta Consejería, que está velando en todo momento por que se cumpla la Ley y para que la demolición del hotel se haga efectiva lo antes posible”.
La consejera, que ha insistido en que este auto judicial es firme, ha remarcado que viene a confirmar que el suelo “ni era ni es urbanizable” y ha precisado que el Tribunal rectifica con su dictamen un acuerdo municipal “redactado con la clara intención de sortear los requerimientos judiciales y obstaculizar el proceso de demolición”.
Asimismo, ha indicado que queda demuestra que los concejales que votaron a favor del acuerdo plenario de abril de 2023 “se extralimitaron dando a entender que hasta ese momento los terrenos eran aptos para ser urbanizados, cuando la realidad es que el suelo es no urbanizable de especial protección nada menos que desde 1994”.
Rocío Díaz ha concluido remarcando que frente a los que quieren obstaculizar ese proceso se encontrará el Gobierno andaluz que “seguirá teniendo una actitud absolutamente proactiva con la finalidad de que se cumpla con la Ley”. Al respecto, ha avanzado que se van a seguir desplegando las acciones administrativas y judiciales que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las sentencias firmes.
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