El personal de prisiones sufre un nivel de violencia laboral de terceros récords y aumentan sus riesgos y daños psicosociales [LARPSICO]

Como es sabido, la violencia en el trabajo como riesgo complejo (aunque se suele calificar como psicosocial tiene realmente una naturaleza mixta: seguridad y psicosocial) conoce diferentes modalidades, según traiga causa de otras personas que integran la organización (media vínculo laboral o estatutario), formando parte de la plantilla, o bien de “personas externas a la misma”, sin mediar ese vínculo (ej. violencia sufrida por atracos en la actividad bancaria o estaciones de servicios). marcando una diferencia clave a la hora de fijar el sistema preventivo. Ahora bien, existe igualmente una modalidad en la que la violencia laboral, aun siendo externa, porque procede de personas terceras a la relación de trabajo, deriva de personas o grupos con los que sí media una relación de prestación de servicios, como el caso del personal sanitario (violencia de terceras personas usuarias o clientes), así como del personal educativo (violencia de terceras personas usuarias o clientes, como el alumnado o sus familiares). Así se reflejó en la avejentada Nota Técnica Preventiva (NTP) 489 del INSST y así se refleja, con mayor precisión, en la su más reciente NTP 1215: violencia en el trabajo de origen externo, 2025.

Somos conscientes de que, hasta aquí, no aportamos nada realmente nuevo al respecto. En esta sección venimos dedicando una cuidada y constante atención a la evolución de este grave problema en varios sectores de servicios públicos, muy en especial en el sanitario y en el educativo, en la medida en que experimentan en los últimos años incrementos muy notables, agravando sus problemas de salud y, en buena medida, también de protección social (de ahí que, por ejemplo, pidan con insistencia que se les considere profesión de riesgo y de especial penosidad a los efectos de la jubilación anticipada con reducción de la edad y exención, por tanto, de coeficientes reductores). Ahora bien, hasta el momento, este Laboratorio (sí otros de la red del IAPRL, como el LADEP) no habíamos tomado nota de la gravísima situación que sufre el personal de prisiones y que está creando una alarma muy significativa en los 3 últimos años.

En este sentido, aunque con datos del año 2022, que seguramente hoy están superados en este sector, por el notable incremento en los años 2023 y 2024, así como en lo que va de 2025, ya el INSST estimó que la exposición a este riesgo (físico y psicosocial) es prevalente en administraciones públicas como la de defensa y la penitenciaria (13%). Se sitúa por delante incluso de la prevalencia, también de la incidencia, en las actividades sanitarias y de servicios sociales (12,8%), a gran distancia de las actividades de transporte y almacenamiento (5,9%). Sin embargo, no deja de ser llamativo, que siendo las prisiones un caldo de cultivo para desplegar todo tipo de violencias morales y psicosociales, además de físicas, naturalmente, su situación aparezca mucho más invisibilizada. En las profesiones sanitarias y en la educativa se han creado diferentes canales u observatorios para registrar, no solo estimar, las agresiones, desarrollándose protocolos específicos para una gestión más eficaz de este riesgo, sin embargo, en el sector de prisiones, con más de 1000 agresiones en apenas 2 años, los sindicatos del sector siguen demandando protocolos de prevención más eficaces (que no contemplen tan solo las agresiones físicas -lesiones directas-, sino también las verbales -psíquicas-), a la par de ser reconocida profesión de riesgo (algo evidente), a todos los efectos (profesionales -agentes de autoridad-, retributivos, de protección social, etc.)

Desde el sector se señalan varios factores que explican este constante aumento de la conflictividad en las cárceles y, por lo tanto, de la violencia. A saber:

• Un sistema de clasificación de peligrosidad de las personas reclusas muy ineficiente, de modo que personas internas con historial violento se ubican en módulos de respeto (teóricamente no conflictivos). Razones de política penitenciaria, pues, provoca distorsión en la convivencia y causa altercados con el personal de prisiones.
• el hacinamiento desbordado de buena parte de los centros haría que se vea, a su vez, incrementada la conflictividad en cada vez más módulos. El incremento de la “carga prestacional” aquí es de casi el doble (si está previsto un máximo de 40-50 internos, actualmente superan las 70), por los procesos de reestructuración (cierre de módulos de forma temporal o definitiva por diferentes causas). Eso haría de los centros “ollas a presión” que desencadena violencia física y/o psicosocial.
• la existencia de internos o personas reclusas que tienen problemas muy graves de carácter psiquiátrico y que, por la inexistencia de centros con la debida especialización, van a centros ordinarios, lo que más pronto que tarde provocando incidentes violentos o de conflictividad notable (tanto con reclusos como con el personal de servicios del centro penitenciario)
• heterogeneidad de la población reclusa, con una población extranjera extensa, que genera choques culturales importantes, también con el personal femenino de prisiones.

Como puede verse, la mayoría de los factores, desde luego los más relevantes, tienen una dimensión organizacional y depende de la propia política penitenciaria, por lo que la debida gestión preventiva pasa por:

1. medidas de ese tipo (aumento de las plantillas, aumento del número de centros, mejor clasificación de los perfiles de conflictividad de las personas reclusas)
2. pero también relativas a condiciones de trabajo (ej. mejora del sistema de asignación de turnos, con una regulación más favorable a la gestión de estas situaciones de potencial conflictividad, etc.).
3. Y, por supuesto, de gestión psicosocial en sentido estricto (evaluaciones más sistémicas o coherentes y periódicas, servicios de apoyo psicosocial especializado para este sector y en dotación suficiente, etc.).

Aunque las cárceles sean, en sí, un ámbito de violencia psicosocial, por lo que representan (pese al mandato constitucional de ser lugares para la reeducación social), lejos de ·”normalizar” estas situaciones, como parece está sucediendo, habría que reforzar la condición profesional de estas personas y, por lo tanto, su derecho a entornos de trabajo (penitenciario) razonablemente seguros y saludables (dentro de esa razonabilidad o factibilidad, lógicamente, al estar en centros muy singulares). Las evaluaciones de riesgos psicosociales y los registros deben adecuarse a la realidad de la violencia psicosocial, sin mantenerse en una visión restrictiva de la violencia como problema de seguridad física. En otro caso, los problemas se agudizarán, aumentando de forma muy notable las bajas laborales en este ámbito (en los últimos años se han triplicado -desde 2018 a 2024-) y creciendo el malestar del personal, que día sí y otro también ocupan páginas en los medios, y realizan manifestaciones, pero regresan a casa con la frustración de siempre. De hecho, reivindican la aplicación de un acuerdo que llevaría años incumplido y que lleva el curioso nombre de “Acuerdo del Siglo XXI”, firmado en la Mesa general de la Administración General del Estado.