El 25 de noviembre ha sido reservado por la ONU para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que incluye todas sus formas y sus ámbitos, incluido el laboral. La ONU asume que, a nivel global, una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida. Este año se pone especial énfasis, además, en una de las manifestaciones más contemporáneas de esta lacra y que aumenta de una forma exponencial: la violencia y el acoso a las mujeres (y niñas) a través de los más diversos canales digitales. ONU-Mujeres estima que el 38% de las mujeres ha tenido experiencias personales de violencia sexual en línea y un 85% la habría presenciado. Se trata de modalidades emergentes de violencia y acoso que también están presentes a raíz o con ocasión del trabajo, como evidencia el Convenio 190 de la OIT para la prevención y la eliminación de la violencia y el acoso, también por razón de género, en los entornos de trabajo (ratificado por España, pero pendiente de desarrollo tres años después), e ilustró dramáticamente el suicidio de una trabajadora en IVECO (que ha recordado recientemente una campaña del Ayuntamiento de Zamora contra la violencia digital machista: 'El vídeo de mi ex').
No, compromisos internacionales contra la violencia machista no faltan desde hace casi medio siglo. Piénsese, en el ámbito mundial, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979). Y en el ámbito europeo, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Estambul, 11 de mayo de 2011), ambos ratificados por España (el primero en 1983, el segundo en 2014). Leyes de desarrollo de estos convenios internacionales en España tampoco son escasas; proliferan y se renuevan periódicamente. Lo que sí parece faltar, a la vista de los datos y de los relatos, son las debidas garantías de efectividad para su cumplimiento, de modo que no sea solo el ideal normativo sino práctica ordinaria en todas las esferas de la vida (familiar, social, laboral).
Poco antes de la irrupción abrupta de la tragedia pandémica en España, una Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer realizada para el Ministerio de Igualdad en 2019 estimaba que, del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 40,4% habría sufrido acoso sexual en algún momento de su vida, y en el caso concreto del acoso sexual en el trabajo se situaba en un 17,3% del total de mujeres encuestadas. Al responder a la pregunta sobre el sexo del agresor, señalaban a alguien del trabajo. Consecuentemente, atendida la cuestión de la magnitud del problema de la violencia machista en los entornos de trabajo en perspectiva general, prácticamente una de cada cinco mujeres que sufren violencia machista tendría procedencia laboral. Ahora bien, si la aproximación no se hace de forma general, sino por sectores de actividad profesional en los que hay una mayor presencia femenina (distribución sexista horizontal del mercado laboral), las cifras se elevan notablemente.
Como publicábamos en abril de este año, con un 60% de mujeres víctimas, la industria audiovisual presenta una gran prevalencia del riesgo de violencia sexual. Precisamente, se cumplieron el mes pasado ocho años desde la poderosa emergencia de ese movimiento feminista de denuncia del acoso sexual en el cine que se viralizó como “Me Too” (el 15 de octubre de 2017, Alyssa Milano publicó el tuit: “Si has sido acosada o agredida sexualmente, escribe ‘Me Too’ [yo también] como respuesta a este tuit”, haciéndose eco de un lema acuñado ya en 2006 por la activista social Tarana Burke). Aún más recientemente, una encuesta del sindicato corporativo SATSE revela que casi la mitad de las profesionales de enfermería informan de algún tipo de conducta de violencia sexual en su trabajo (concretamente el 48,5% de las más de 7000 encuestas realizadas).
En uno y otro estudio sorprende que en torno a ocho de cada diez profesionales (de un sector u otro) no llegan a presentar denuncia alguna por las dudas sobre su eficacia y/o el desconocimiento del procedimiento más adecuado. No habríamos avanzado mucho, al menos en estos colectivos, en los últimos cinco años, si tenemos en cuenta que ya un informe del Ministerio del Interior en el año de la irrupción de la pandemia de COVID-19 (2020), intitulado “Violencia sexual en España: una síntesis estimativa”, evidenciaba que muchos tipos de violencia sexual no se denuncian, destacando entre ellos el acoso sexual en el trabajo. En el informe se apostillaba que esa ausencia de denuncias llevaba a una falta de conocimiento de su magnitud, pero advertía: “casi seguro, es más alto de lo que nos imaginamos”.
Precisamente, lo arraigado de esta falta de datos —que no de relatos— llevaría a otro sindicato, en esta ocasión de clase, a crear en 2022, en colaboración con el Ministerio de Igualdad, un Observatorio sobre Acoso Sexual y por Razón de Sexo. Se trataba de crear una herramienta de recogida, análisis y difusión de información “periódica, homogénea y sistemática relativa al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito laboral”.
Su objetivo no era solo recabar datos (registro), sino promover la visibilidad del problema y contribuir a prevenirlo como “herramienta práctica para denunciar el acoso”, dándoles voz y orientando su acción, atendidas las características singulares de estas formas de violencia y acoso en el trabajo. A diferencia del acoso moral laboral, la violencia sexual la sufren mayoritariamente las mujeres (víctimas) y la protagonizan (victimarios) muy mayoritariamente los hombres. La violencia contra las mujeres en los centros de trabajo tiene, pues, género, y es una proyección del persistente sexismo social en los entornos laborales.
Se sigue, así, la vía utilizada en relación con otras formas de violencia, en este caso externa, que tiene lugar en el sector sanitario y también en el docente, y que padecen más las mujeres que los hombres, si bien en este caso ello se debe a la mayor presencia femenina. Sería el caso de los Observatorios de Violencia contra el Personal Sanitario, tanto en el plano estatal como autonómico (por ejemplo, el caso de Andalucía). Más de 17.000 agresiones a personal sanitario en el Sistema Nacional de Salud en 2024, ocho de cada diez a mujeres, evidencian la necesidad de denunciar.
Pero, como vemos, pese a lo conocido del problema y el largo historial de regulaciones en contra (art. 12 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual), sigue estando demasiado invisibilizada en las empresas. Se multiplican los protocolos antiacoso por razón de género, pero adolecen de las mismas deficiencias de la prevención “de salón”, “de papel”, en la que domina la burocracia pero tiene muy limitada eficacia práctica (por ejemplo, STSJ Galicia 5119/2024, 8 de noviembre). Por eso, los testimonios y relatos se repiten en los estudios y, más episódicamente, en los tribunales de justicia (de orden social, penal, militar). Aunque, como señalábamos hace unos días, con frecuencia se minimiza la violencia y el acoso por razón de sexo en los entornos de trabajo, como relatamos en el último caso de violencia de género por razones de maternidad, en el caso de una policía local, sentenciado por la Sala Penal del TS.
- “Me dejaba la última para quedarse a solas conmigo en su despacho e insinuarse.”
- “Preguntarle al paciente si necesita algo y que te responda: ‘un beso’; “en una guardia, un superior intentó besarme y mantener relaciones conmigo. No volví a hacer guardias para no tener que verlo.”
- “Un superior me abordó por detrás empujando su miembro contra mi nalga, disfrazándolo de broma.”
Pero ambos observatorios, estudios y tribunales, de los que aquí damos cuenta de continuo, solo serían la punta del iceberg de una realidad más extensa y preocupante. Esperemos que el año que viene, por estas mismas fechas, se pueda ofrecer otra radiografía del problema de la violencia y el acoso por razón de género en las empresas y demás organizaciones de trabajo.
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