El director general de Política Social y Familia de la Junta de Extremadura, Juan Bravo Gallego, ha visitado hoy diversos recursos para la reeducación y resocialización de menores infractores en medio abierto en Andalucía, a fin de conocer el funcionamiento del Sistema de Justicia Juvenil de esta comunidad que fue reconocido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ con el Premio a la Calidad de la Justicia.
Andalucía dispone de un conjunto de servicios y recursos para atender a cerca de 8.000 menores que cumplen en medio abierto las medidas de reeducación impuestas por los jueces, además de contar con 766 plazas en centros de internamiento, a cuyo funcionamiento la Consejería de Justicia e Interior destina un presupuesto anual global de cerca de 77,7 millones de euros.
La labor que se lleva a cabo desde los recursos de medio abierto y de internamiento ha permitido que en torno al 80% de los menores infractores que cumplen alguna medida judicial en Andalucía no reincidan y dejen de delinquir, según ha destacado la directora general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta, Carmen Belinchón, que ha acompañado a los representantes del gobierno extremeño en esta visita que ha incluido el Servicio Integral de Medio Abierto de Sevilla.
El último Informe Especial sobre la Atención a Menores Infractores en Andalucía elaborado por el Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, ha destacado el buen funcionamiento y los positivos resultados del sistema de Justicia Juvenil de Andalucía, donde en total cerca de 9.000 menores infractores cumplen medidas judiciales en medio abierto y en centros de internamiento para su resocialización y reeducación.
La Administración andaluza siempre vela por el interés superior del menor, a quien se le ofrecen en medio abierto las herramientas y habilidades necesarias para superar las carencias educativas o afectivas. Una vez que los jueces de menores imponen esta medida a un perfil de adolescentes carentes de los recursos personales y las habilidades necesarias para una adecuada convivencia familiar y social, la Junta es la encargada de ejecutar la resolución judicial en los distintos centros que tiene distribuidos por todas las provincias andaluzas.
Este instrumento forma parte del conjunto de recursos que la Junta está impulsando para dar cumplimiento a las medidas judiciales destinadas la reeducación de los jóvenes infractores. Tras más de una década de aplicación de Ley reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor, la Junta de Andalucía ha compatibilizado el aumento de centros y los programas de intervención individuales y colectivos con la especialización de los profesionales que conforman la intervención integral socioeducativa desde la responsabilidad penal, que es prioritario para ofrecer un servicio público de calidad.
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