El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha solicitado al Ministerio de Justicia los más de 64 millones de euros recaudados en Andalucía por las tasas judiciales para financiar el servicio de asistencia jurídica gratuita en esta comunidad, como sí lo establece la ley reguladora de estas tasas.
El consejero ha denunciado que desde que se puso en marcha esta norma en Andalucía no ha recibido ni un sólo euro y ha tenido que realizar un gran esfuerzo en solitario para garantizar este servicio con un costa anual de 38 millones y con más de 340.000 beneficiados en toda la comunidad. De Llera ha expuesto esta reivindicación hoy en Madrid en el transcurso de la reunión de la Conferencia Sectorial de Justicia en la que participan el ministro y representantes de las comunidades autónomas con competencias en esta materia.
El titular de Justicia e Interior ha abogado por agotar hasta el final la vía del diálogo y el acuerdo para lograr este respaldo financiero para la justicia gratuita proveniente de las tasas judiciales, aunque no ha descartado recurrir a los tribunales para reclamar esta petición.
De Llera ha criticado que el Gobierno se reserve en exclusiva para sus arcas el dinero recaudado por estas tasas en contra de lo que establece en su artículo 11 su norma reguladora, que refleja con claridad que esta cuantía debe destinarse a financiar la justicia gratuita y debe entregarse, por tanto, a las comunidades autónomas como responsables del sostenimiento de este servicio. A su juicio, la justicia gratuita es una política prioritaria para el Gobierno andaluz y se sitúa en la primera línea de sus políticas sociales como la educación y la sanidad.
Sobre la oferta de empleo público en la Administración de Justicia, el consejero ha lamentado que la tasa de reposición sólo alcance al 15% de las plantillas, lo que supone un cuantía insuficiente para dar respuesta las necesidades de personal que actualmente tienen planteadas los órganos judiciales de Andalucía. A este respecto, ha criticado también que las comunidades autónomas no hayamos sido partícipes de esta decisión cuando somos las responsables directas de la gestión de los recursos humanos en nuestro territorio.
Por último, ha censurado también que las autonomías no hayan tenido tiempo tampoco de disponer previamente de información sobre los proyectos normativos en marcha y presentados en esta reuniónpara haber podido aportar propuestas y mejoras para su enriquecimiento. En este sentido, se ha referido al nuevo proyecto de ley de registros civiles que ha presentado el ministro en esta conferencia sectorial y ha defendido el carácter público y gratuito de este servicio, que debe servir a los intereses generales de la ciudadanía frente a la privatización propuesta por el Ministerio, que pretende dejarlo en manos de los registradores de la propiedad y con ello se pone en riesgo la calidad de este servicio.
A este respecto, ha subrayado que el Gobierno andaluz cree en lo público y considera fundamental defender este carácter en servicios esenciales como es el registro civil, como garantía para garantizar su calidad e igualdad en su acceso para toda la ciudadanía. Asimismo, ha reivindicado la necesidad de dialogar y acordar previamente con las fuerzas políticas, agentes sociales y profesionales cualquier reforma de este servicio y
Sobre el desarrollo de la administración judicial electrónica, el consejero ha puesto de relieve la necesidad de propiciar acuerdos y consensos sobre los modelos y sistemas informáticos que se están implantando en los diferentes territorios para evitar que se dupliquen estos desarrollos tecnológicos y se incremente, consecuentemente, su gasto. En su opinión, lo más razonable es apostar por unificar y homogeneizar estos desarrollos con líneas de trabajo y caminos compartidos que hagan compatibles estos sistemas y abaraten costes.
Compartir en