El consejero de Justicia e Interior en funciones, Emilio de Llera, ha criticado al Gobierno central por el "abandono" de los registros civiles y el "afán privatizador" de este servicio, una situación, ha dicho, que "está detrás del proyecto de reforma" que ultima el Ministerio de Justicia "para dejar su prestación en manos de los registradores de la propiedad".
De Llera ha lamentado al respecto la situación que padece el Registro Civil de Sevilla por la falta de suministro de papel timbrado para la expedición de certificaciones y ha confiado en que el problema pueda ser solucionado "lo antes posible" para la correcta prestación de este servicio público.
El titular de Justicia e Interior ha expresado su preocupación por el "deterioro" de los registros civiles y ha expresado su sospecha de que "se esté abonando el terreno para dejar patente la necesidad de plantear su inminente privatización y justificar así su traspaso a los registradores".
El consejero ha mostrado así su oposición "al proyecto de privatización" de este servicio "fundamental" para la ciudadanía y ha apostado por la defensa de su carácter público con el objetivo de garantizar la igualdad en su acceso y la calidad en su prestación.
A juicio de De Llera, la diferencia está en que el Gobierno del PP no cree en lo público y la Junta de Andalucía, sí. “Por esa razón, hemos venido defendiendo, frente a los recortes impuestos por el Estado, ese carácter público en aquellos servicios que consideramos esenciales para la ciudadanía, como es el caso de los registros civiles”, ha añadido.
Según el consejero, la iniciativa del Ministerio de Justicia de transferir la gestión de este servicio a los registradores de la propiedad supondría alejarlo de la ciudadanía, especialmente para aquellas personas que residen en los pueblos, "lo que rompería el principio de igualdad en el acceso a este servicio".
Al respecto, el titular de Justicia e Interior ha explicado que los registros de la propiedad sólo existen en las capitales, por lo que con la medida del Gobierno central este servicio dejaría de prestarse en los pueblos, como hasta ahora se hace a través de los juzgados de paz, y obligaría a la ciudadanía a desplazarse para la realización de ciertos trámites.
Igualmente, el consejero ha puesto de relieve la necesidad de defender el empleo público al frente de este servicio para garantizar de esa manera la igualdad y calidad en su prestación.
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