El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, han firmado un convenio para la reforma de la Administración de Justicia que recoge una aportación del Estado de 1,47 millones de euros para financiar la mejora del servicio de asistencia jurídica gratuita y el impulso de las nuevas tecnologías, entre otros aspectos.
Este convenio de colaboración entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, supone un incremento de garantías de los derechos de los ciudadanos inmersos en procesos judiciales y el reconocimiento, por parte del Estado, del importante esfuerzo presupuestario realizado por el Gobierno andaluz en justicia gratuita, que es uno de los baremos aplicados para la distribución de los fondos.
Andalucía es la comunidad autónoma con más asuntos de asistencia jurídica gratuita tramitados, con más de 396.000 expedientes que representan el 17,8% del total de los gestionados a nivel de todo el Estado.
La comunidad autónoma andaluza recibe el 25% del presupuesto total de este convenio de colaboración que supondrá, además, el impulso de las nuevas tecnologías para conseguir una justicia ágil, accesible y de calidad.
En el marco de la modernización de la Justicia, el consejero ha destacado como principales objetivos del acuerdo el esfuerzo por lograr “el papel cero” en los juzgados; facilitar las relación entre el ciudadano y con los operadores jurídicos; impulsar la implantación de la oficina judicial y fiscal en todo el territorio nacional; crear sistemas de gestión procesal compatibles entre sí que permitan la plena interoperabilidad y, por último, digitalizar los procesos de tramitación y gestión procesal así como la conexión digital de las oficinas judiciales con los diferentes actores que intervienen en los procedimientos.
El convenio también prevé la financiación de los medios materiales necesarios para el mantenimiento de la organización judicial y la aplicación de medidas para implantar la Oficina Judicial y Fiscal, además de las mejoras que incidan en un servicio público de calidad.
De Llera y Catalá han destacado la necesidad de seguir manteniendo la relación de mutua colaboración y coordinación entre ambas Administraciones para conseguir una Justicia más ágil y efectiva, moderna y adaptada a los retos del siglo XXI.
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