La Consejería de Justicia e Interior dotará en los presupuestos de 2016 la creación de 13 nuevos juzgados en Andalucía

Emilio de Llera resalta en el Parlamento que las partidas destinadas a políticas migratorias aumentan cerca de un 7%
Andalucía, 23/10/2015

La Junta dotará con los medios necesarios en los presupuestos de 2016 la creación de 13 nuevos juzgados en Andalucía y de cuatro plazas de magistrados en audiencias provinciales, según ha anunciado hoy en el Parlamento el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera.
    
La creación de los nuevos juzgados y plazas de magistrados para órganos colegiados ha sido acordada en la Comisión Mixta con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y remitida al Ministerio de Justicia para su aprobación, ha precisado De Llera en una comparecencia para informar del proyecto de presupuestos de su consejería para el próximo año.

Los órganos propuestos que dispondrán de presupuesto en 2016 para la dotación de personal, equipamiento e infraestructuras necesarias son: cuatro nuevos juzgados de lo Mercantil (Sevilla, Granada, Cádiz y Málaga), seis juzgados de Primera Instancia e Instrucción (Sanlúcar la Mayor, Vera, Roquetas de Mar, Estepona, Chiclana y Santa Fe) y tres de lo Social (Algeciras, Sevilla y Málaga). Además, se prevén dos plazas de magistrados para la Sala de lo Penal en la Audiencia Provincial de Córdoba, una para la Sala de lo Civil de la Audiencia de Jaén y otra para la de la Audiencia de Málaga.

En su intervención, el consejero ha confiado en que el anuncio que ha hecho el Gobierno central de crear los nuevos juzgados “no sea una mera medida de cara a las elecciones generales” y convoque cuanto antes la reunión bilateral necesaria para concretar los plazos y condiciones para la ejecución de esta medida.

El presupuesto de esta consejería para el próximo año prevé, igualmente, un aumento de un 27,5% de la inversión en la Administración de Justicia de Andalucía para financiar la construcción, rehabilitación o adquisición de inmuebles destinados a sedes judiciales, y la renovación tecnológica de su equipamiento,

De Llera ha detallado que en 2016 se destinarán un total de 14,2 millones a la mejora de las infraestructuras judiciales de la comunidad andaluza y el equipamiento tecnológico de juzgados y audiencias provinciales.

La nueva Oficina Judicial y Fiscal

En total, la Consejería de Justicia e Interior contará el próximo año con un presupuesto de 535,4 millones de euros, un 3,5% más que en el presente ejercicio, aunque en el caso de las partidas específicas del área de Justicia el incremento llega hasta el 3,7%, un porcentaje superior incluso al aumento de los presupuestos de toda la comunidad autónoma.  

El consejero ha precisado que este incremento presupuestario servirá para continuar con la implantación de la nueva Oficina Judicial y Fiscal en Andalucía, “línea prioritaria del Gobierno andaluz” en materia de Justicia, para lo que se procederá a la negociación y aprobación definitiva de las Relaciones de Puestos de Trabajo de las primeras experiencias que se llevarán a cabo en los juzgados de El Ejido (Almería) y Vélez-Málaga y en la Fiscalía provincial de Sevilla.

Posteriormente y de manera progresiva, según De Llera, este nuevo modelo se extenderá al resto de partidos judiciales de Andalucía, para lo cual se adecuarán los espacios necesarios, se pondrán en marcha los procesos de ejecución para el acoplamiento del personal, la instalación del programa informático adaptado a la nueva organización, la formación específica de los empleados y la puesta al día y migración de los expedientes judiciales.

En el capítulo de mantenimiento de las infraestructuras judiciales, el consejero ha destacado que se llevará a cabo una “optimización de espacios” para resolver la dispersión de sedes en las jurisdicciones, avanzar en la dotación de un parque inmobiliario propio de la Junta y lograr un mayor ahorro energético.

Al respecto, el titular de Justicia e Interior ha anunciado la puesta en marcha de las nuevas sedes judiciales de San Fernando, La Línea y Algeciras, en la provincia de Cádiz, mientras que en la provincia de Málaga se está a la espera de que el Ayuntamiento de Torrox conceda una licencia para poder reformar los graves problemas de accesibilidad del edificio judicial de esa localidad.

En cuanto a las nuevas ciudades de la Justicia, el consejero ha detallado que la construcción de la de Córdoba estará terminada en 2017, como estaba previsto, y que para la de Sevilla se han iniciado las conversaciones con el Ayuntamiento sobre la adecuación de los suelos de los Gordales.

La renovación tecnológica de la Administración de Justicia en Andalucía seguirá siendo una prioridad en los presupuestos del próximo año, con medidas entre las que sobresale la puesta en marcha del servicio de cita previa a través de Internet en los registros civiles o los avances para conseguir una justicia digital con un plan dotado con 30 millones de euros procedentes de fondos europeos.

Crece la asistencia jurídica gratuita

Otro de los capítulos destacados de los presupuestos de la Consejería de Justicia e Interior es el dedicado a la prestación del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita y Asesoramiento Jurídico en Centros Penitenciarios, que incrementará su dotación un 3,5% y llegará a los 38,6 millones de euros.

Según ha destacado el consejero, a pesar de que el Gobierno central aún no ha revertido en la asistencia jurídica gratuita el dinero obtenido con el incremento de la recaudación de tasas judiciales, la Junta seguirá priorizando esta prestación básica para las personas con menos recursos económicos, iniciará la elaboración de un nuevo reglamento sobre su funcionamiento, seguirá desarrollando el sistema informático que ha mejorado la transparencia y agilidad para acceder a este servicio y establecerá mecanismos para evaluar su calidad.

Justicia Juvenil

El presupuesto destinado al Sistema de Justicia Juvenil de Andalucía aumentará en 2016 un 5,37% y llegará a los 81,9 millones de euros, con los objetivos fundamentales de consolidar y mejorar un modelo de reeducación de menores infractores que ha sido distinguido por su eficiencia por el Consejo General del Poder Judicial.

Este incremento presupuestario permitirá, entre otras medidas, poner en funcionamiento un nuevo centro de internamiento en Huelva, única provincia andaluza que carece actualmente de un recurso de estas características; la creación de nuevos modelos de centros de día en las provincias de Almería, Cádiz, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla; y la apertura de 16 grupos educativos de convivencia para atender el incremento de delitos de violencia filioparental o doméstica.

Por lo que respecta a la atención a víctimas, De Llera ha anunciado que el servicio andaluz dependiente de la Consejería de Justicia e Interior que se encarga de este cometido, el SAVA, prestará asesoramiento jurídico, social y psicológico a las víctimas de sustracción de recién nacidos y adoptados, mientras que el apartado referente a la mediación como sistema de resolución de conflictos ha resaltado la apertura de puntos de información en todas las sedes judiciales de la comunidad.


Un 7% más para las Políticas Migratorias

    La Coordinación de Políticas Migratorias contará con un presupuesto de 2,7 millones de euros, lo que supone un incremento de 6,8% vinculado a la actual relevancia de los procesos migratorios. Esta partida, según el consejero, dará continuidad a la ejecución de las medidas incluidas en el III Plan de Inmigración que incluye tanto actuaciones dirigidas a la capacitación y formación en valores de las personas de origen inmigrante, como intervenciones en materia de formación y sensibilización de los profesionales y empleados públicos de cara a la gestión de la diversidad y a la erradicación del racismo y la xenofobia.
    
    Además, permitirá potenciar la Red Antirrumores para combatir los estereotipos, clichés y prejuicios sobre la inmigración, mantener el Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones y continuar con la convocatoria de subvenciones en materia de políticas migratorias dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro.

    Por otro lado, la Consejería de Justicia e Interior asume la labor de coordinación de las medidas que realice el Gobierno andaluz derivadas de la crisis de los refugiados y solicitantes de asilo procedentes del  conflicto en Siria. La acogida de estas personas requerirá un mayor esfuerzo en políticas de integración y sensibilización.

Emergencias y coordinación de policías locales

En cuanto a las partidas destinadas a las competencias de Interior, Emergencias y Protección Civil, estos fondos ascienden a 39,9 millones de euros y tendrán como principales objetivos impulsar el modelo integral en la gestión de las emergencias, potenciar la actividad de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la comunidad autónoma de Andalucía y optimizar la coordinación de los Cuerpos de Policía Local.

La dotación en este ámbito se mantiene, ha señalado De Llera, a pesar de que este programa no cuenta con financiación de fondos europeos en el nuevo marco. Para compensar esta reducción, se ha realizado un esfuerzo dotándolo de créditos propios de la Junta de Andalucía.

En el ámbito de la gestión de emergencias, la Consejería elaborará nuevos planes de emergencia exterior ante accidentes graves en las industrias químicas, desarrollará un amplio programa de implantación, mantenimiento y actualización respecto al conjunto de Planes de Emergencia actualmente en vigor y continuará con la mejora de la plataforma tecnológica de Emergencias Andalucía 112.

Por otro lado, el Gobierno andaluz va a potenciar la dotación técnica de los Puestos de Mando Avanzado, como elementos esenciales en la coordinación de actuaciones ante riesgos mayores y emergencias, y a impulsar el desarrollo del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA). En el ámbito de la Unidad adscrita, los presupuestos permitirán renovar parte de la flota de vehículos para mejorar la prestación de servicios que presta la Policía de la Junta en su ámbito competencial.  También en materia de seguridad, la Consejería remitirá próximamente al Consejo de Gobierno el inicio de la tramitación para proceder a la modificación de la Ley 13/2001 de Coordinación de las Policías Locales.

En cuanto a la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, la Junta continuará con el Plan Anual de Formación correspondiente a 2016 que contará con un amplio catálogo de acciones formativas destinado a más de 4.000 alumnos. Además, la Dirección General está trabajando en la tramitación un Protocolo General de Colaboración para poder emprender conjuntamente con las Universidades Públicas de Andalucía, acciones formativas en el marco de las materias que son objeto de actuación de la ESPA.

Fomento de la cultura taurina

Los presupuestos de la Junta de Andalucía garantizan las actividades formativas y de fomento de la cultura taurina que realizan las escuelas autorizadas en Andalucía, en cumplimiento de lo dispuesto la Ley de Potestades Administrativas en Materia de Espectáculos Taurinos. Con este objetivo, la Consejería destina 95.000 euros al apoyo a estas escuelas, en los que se forman casi 450 jóvenes andaluces.

Durante 2016 continuarán las campañas de inspección y control sobre instalaciones de protección contra incendios, sistemas eléctricos y medidas de evacuación en casi 3.000 establecimientos públicos destinados a desarrollar espectáculos públicos y actividades recreativas con carácter permanente o de temporada y se seguirá prestando apoyo y colaboración en la gestión del Registro Central de Animales de Compañía de Andalucía, en el que hay ya inscritos más de 180.000 animales.

De Llera ha finalizado la exposición reiterando que “es necesario optimizar la organización de la Justicia y, sobre todo, actualizar las leyes que determinan su funcionamiento, como la Ley Orgánica del Poder Judicial con la creación de los tribunales de instancia o la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

“Sólo con esa actualización”, ha puntualizado, “podremos adaptar a los tiempos que vivimos una administración que aún hoy sigue siendo obsoleta en muchos aspectos, lo que provoca no pocos problemas de constitucionalidad de los procesos y un retraso endémico en las instrucciones judiciales”.






 

     
 

Información de autoría

Compartir en

Índice