La Junta de Andalucía tiene reforzados con 135 funcionarios interinos los órganos judiciales y las fiscalías de la comunidad, el máximo número de refuerzos posible, según ha informado esta semana en el Parlamento el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera.
En la respuesta a una pregunta parlamentaria, el consejero ha precisado que el 53,3% de los interinos de refuerzo que están trabajando en la actualidad lo hacen en juzgados de Primera Instancia y/o Instrucción, juzgados de lo Penal y fiscalías, que son precisamente las sedes judiciales donde se sustancian los procedimientos por delitos relacionados con los casos de corrupción.
La cantidad de personal interino de refuerzo, además, ha permanecido casi inalterable desde 2012, ya que la Junta ha dotado a juzgados y fiscalías con entre 133 y 139 funcionarios más por año desde entonces para atender la sobrecarga de trabajo de estos órganos.
De este incremento de personal se están beneficiando actualmente los juzgados de Instrucción 6 y 16 de Sevilla, el de Instrucción 7 de Córdoba, el de Primera Instancia número 1 de Córdoba, la Sección Primera de la Audiencia Provincial cordobesa y los juzgados mixtos 1, 2 y 3 de Estepona, en Málaga.
De Llera ha explicado que el personal interino de refuerzo tiene como objetivo fundamental ayudar a resolver los problemas de sobrecarga de trabajo de carácter coyuntural y puntual en un órgano judicial. “Mediante su asignación –ha añadido- se atiende a circunstancias temporales de sobrecarga, determinadas por las tasas de pendencia o por la complejidad de los asuntos que tramitan”.
Al respecto, el consejero ha apuntado que este personal interino está autorizado por un periodo de tres meses, de modo que las asignaciones vigentes, que se acordaron el pasado 1 de octubre, concluirán el próximo 31 de diciembre. Además, ha recordado que el nombramiento y asignación tiene un procedimiento establecido que parte de un informe motivado de la secretaria o secretario coordinador provincial, que evalúa las necesidades de refuerzo y al que se acompaña un plan de actuación, que luego se remite a la Delegación del Gobierno de la Junta.
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