El vicepresidente en una anterior comparecencia plenaria.
El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha reclamado al Gobierno central una ley de Financiación Municipal, para aclarar la incertidumbre planteada por la Ley de Reforma Local. En este sentido, ha trasladado a los ayuntamientos la garantía de que el Gobierno de la Junta “estará vigilante para que sus derechos sean siempre respetados”.
Ante el pleno del Parlamento, el vicepresidente ha lamentado que el Gobierno central “hizo una reforma contra los ayuntamientos, hizo después una interpretación contra los ayuntamientos y ha terminado intentando aclararlo con una simple carta, ahora que vienen tiempos electorales”. Jiménez Barrios se ha referido a la misiva por la que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha comunicado a todas las entidades locales que el traspaso de competencias sobre servicios sociales establecido en la reforma local quedaba supeditado a un nuevo sistema de financiación autonómica y local.
En este sentido, se ha preguntado “cómo se puede modificar o aclarar una ley por una carta de un secretario de Estado” ya ha recordado que el presidente recién elegido de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha planteado que “hay que tomar resoluciones administrativas tasadas, reguladas y ordenadas, de forma que normativamente se pueda despejar esta incertidumbre que se ha planteado a los ayuntamientos”.
Por este motivo, ha expresado la “máxima preocupación” de la Junta al respecto “de la incertidumbre no aclarada” y ha manifestado la exigencia de que se convierta en norma esa carta. Al mismo tiempo, ha señalado que la Junta, “en previsión de todo ello, ya ha tomado las decisiones oportunas, entre otras, en el propio Presupuesto que actualmente se tramita en el Parlamento”.
En su intervención, el vicepresidente ha recordado que la Junta ya había denunciado que la ley de Reforma Local “era una ley imposible de que se pudiera llevar a cabo y que tenía dificultades de encaje, lo que ha provocado que muchas autonomías y ayuntamientos plantearan recursos ante el Tribunal Constitucional”. Del mismo modo, ha lamentado las incertidumbres que ha provocado entre los trabajadores y los profesionales de los servicios públicos, “entre ellos los de los servicios sociales, los de la educación municipal, los del fomento municipal que veían peligrar sus puestos de trabajos y el servicio público que prestan desde hace tanto tiempo a la ciudadanía”.
En esta misma línea , ha saludado la próxima constitución de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) el sábado 21 de noviembre ya que “si alguna vez fue necesaria la FAMP, en esta ocasión, es imprescindible su presencia para alzar la voz de los ayuntamientos andaluces para discutir una norma absolutamente inaplicable”.
Compartir en