El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha destacado hoy la “utilidad de las Memorias del TSJA en nuestra gestión diaria, orientándonos a la hora de continuar avanzando en aquellos aspectos positivos que se destacan y mejorando nuestra respuesta ante las demandas planteadas”.
En una comparecencia en el Parlamento para informar de la valoración por parte de la Consejería de Justicia e Interior de la Memoria del TSJA de 2014, el consejero ha resaltado la mención a las medidas llevadas a cabo para impulsar la modernización tecnológica de la Justicia, como la renovación del equipamiento informático y audiovisual de los juzgados andaluces con 8.400 ordenadores, 2.672 impresoras locales, 1.749 equipos multifuncionales y 302 equipos de videoconferencias, además de la puesta en marcha de nuevas sedes”.
Además, De Llera ha señalado que “si bien la litigiosidad aumenta ligeramente en un 1% en Andalucía, también la tasa de resolución de asuntos y la pendencia disminuyen en idéntico porcentaje, lo que indica que no estarán tan mal dotados nuestros juzgados cuando ello es posible”.
Entre las recomendaciones de la Memoria, De Llera ha informado de que se continúa avanzando en la implantación de las Oficinas Judiciales y Fiscales en Andalucía, tanto en lo referido a las relaciones de puestos de trabajo como en la adecuación de los entornos físicos y tecnológicos, y que se han reforzado los juzgados que tramitan macrocausas, ya que de los 135 refuerzos con cargo a los presupuestos autonómicos, más de la mitad (72) se encuentran trabajando en la actualidad en juzgados en los que se sustancian los procedimientos por delitos relacionados con casos de corrupción.
Entre ellos, De Llera ha destacado la Audiencia Provincial de Málaga o el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, “donde se ha atendido de manera permanente todas las demandas solicitadas, aportando, en el marco de sus competencias, los medios y recursos necesarios para el desarrollo de sus funciones”. “Prueba de ello, ha añadido, es que con los últimos refuerzos incorporados, este juzgado sevillano dispone de una plantilla de 16 efectivos, muy superior a los 10 puestos de trabajo que, de manera ordinaria, integran cualquier juzgado de instrucción, convirtiéndose así en el más reforzado de Andalucía”.
En el apartado de las infraestructuras judiciales, el consejero ha reconocido que “es del todo imposible que en 167 sedes judiciales que existen en Andalucía no surja algún problema de mantenimiento puntual y concreto, pero que, desde luego, no puede generalizarse”. Además, ha señalado que “las sedes se mantienen a través de un contrato de mantenimiento y gestión técnica que garantiza la conservación y el correcto funcionamiento de los edificios judiciales, con un presupuesto anual de 4,8 millones de euros”.
Igualmente, De Llera ha recordado “que las competencias de la Junta de Andalucía en materia de Administración de Justicia son limitadas y compartidas, y que en este sentido hay que tener en cuenta que gran parte de las medidas de mejora propuestas en la Memoria del TSJA no son imputables Gobierno andaluz, sino que competen al ámbito judicial o del Ministerio de Justicia”.
Reformas estructurales
Por otra parte, el titular de Justicia e Interior ha advertido de que “la Justicia necesita principalmente de reformas estructurales que han de afrontarse por parte del Gobierno de la Nación, como son la modificación de la estructura obsoleta y compartimentada de los órganos judiciales, la inadecuación de la planta y demarcación judicial, que no se adapta a los cambios demográficos, sociológicos y económicos que se han producido; la vigencia de leyes y modelos de enjuiciar decimonónicos, y, de un modo muy particular, la falta de jueces, magistrados y fiscales, que denuncia la Memoria del TSJA”.
A ese respecto, De Llera ha remarcado que “el Gobierno del Partido Popular no ha creado durante esta Legislatura ni un sólo órgano nuevo, ni judicial ni fiscal, y repentinamente, a tan sólo un mes de convocar las elecciones generales, anuncia la creación de 45 órganos unipersonales para todo el Estado”. Y en relación a ello ha añadido que “los plazos que requieren son superiores al que queda de legislatura y que esta creación no se contempla en los Presupuestos Generales del Estado para 2016”.
Por esa razón, el consejero ha tachado la propuesta de “marcadamente electoralista y carente de realismo, que no tiene en cuenta la asfixia económica de las comunidades autónomas, ya que hemos visto cómo el Gobierno central ha ingresado en sus arcas casi 600 millones de euros provenientes del cobro de las tasas judiciales, mientras desoye una y otra vez nuestras peticiones de un reparto justo de esos ingresos”.
“El 20 de diciembre –ha dicho el consejero-, concluye la legislatura más nefasta en materia judicial que se haya producido en la historia democrática de este país, marcada por el retroceso en el servicio público de la Justicia, en la que se han recortado derechos civiles, impulsando normas restrictivas como la denominada Ley Mordaza, se ha gobernado a golpe de real decreto, ignorando el acuerdo y el consenso que tan necesarios son en cualquier acción de gobierno y se ha mercantilizado un servicio público como es el de la Justicia, imponiendo tasas judiciales a los más desfavorecidos sin justificación posible más allá de un afán recaudatorio”.
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