El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha apostado por el diálogo con los sectores profesionales implicados para garantizar el éxito del proceso de implantación de la Oficina Judicial y Fiscal durante su intervención en el acto de clausura del VII congreso del sector de Justicia del CSIF-Andalucía.
De Llera ha asegurado que la modernización de la Justicia ha de ir “ineludiblemente unida al desarrollo de la Oficina Judicial y Fiscal en nuestra comunidad autónoma porque favorece una racionalización de la gestión diaria de los asuntos y, por tanto, una mejor eficiencia del sistema”.
El consejero ha recordado que, durante la pasada legislatura y fruto de la negociación, se firmó el acuerdo para la implantación de la nueva Oficina Judicial y Fiscal, que, ha subrayado, “garantiza el absoluto respeto por todos los derechos, plantillas y retribuciones vigentes en el ámbito de la Justicia en nuestra comunidad”.
De Llera ha destacado que, en materia retributiva, la Consejería parte de una premisa fundamental: “garantizamos que como consecuencia de la implantación no se producirá merma retributiva alguna”.
El consejero confía en que este acuerdo sea un primer paso para que las mesas sectoriales concluyan de manera satisfactoria y que, así, la aprobación definitiva de las relaciones de puestos de trabajos de las primeras órdenes de implantación en El Ejido, Vélez-Málaga y la Fiscalía Provincial de Sevilla “sean una realidad cuanto antes”.
De Llera ha apuntado la “buena sintonía de trabajo” con CSIF-Andalucía que “se ha demostrado con la orden de interinos, en la que ha existido un clima de colaboración especial para la mejora de la orden”.
“La Justicia debe ser un servicio público a disposición de la ciudadanía y para su prestación debemos continuar esforzándonos para dotar a dicha Administración de mayor agilidad y eficacia”, ha explicado el consejero.
Convencido de que la Justicia en España tiene pendiente su gran modernización para prestar un servicio público de calidad, el consejero considera que “el incremento de medios e inversión será siempre insuficiente si no existe realmente un cambio organizativo y del marco procesal”.
“Si nos referimos a la litigiosidad, dentro del conjunto del Estado, Andalucía se sitúa a la cabeza en número de asuntos ingresados, con una media anual de aproximadamente 1,8 millones de asuntos”, ha dicho De Llera.
Esta tasa es demasiado elevada, según el consejero, condiciona los recursos y exige un modelo organizativo que permita ofrecer una respuesta de calidad. Reducir esta litigiosidad y acortar sus plazos de resolución, pasa inexcusablemente por atender las necesidades de la planta judicial que aún no están cubiertas y por la incorporación de nuevas formas de resolución de conflictos que nos permitan acercarnos a una justicia moderna y de calidad propia de países avanzados, ha concluido De Llera.
Sin embargo, desde 2011 el incremento de la planta judicial, por parte del Ministerio de Justicia, ha sido prácticamente inexistente. Andalucía tiene una ratio de 10,5 jueces y magistrados por cada 100.000 habitantes, inferior a la media nacional, situada en un 11,1 así como con el promedio europeo que es de 21,3, por lo que para situarse en la media europea tendría que contar con 900 jueces más.
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