El vicepresidente, durante una intervención plenaria.
El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha pedido al Gobierno de España que, “a la mayor brevedad debe derogar” la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). Ante el pleno del Parlamento, también ha señalado que hay que “empezar el consenso necesario entre todas las fuerzas políticas para que haya una legislación acorde con el momento que vivimos y con la importancia que tienen los ayuntamientos en el día a día para mejorar la vida de los ciudadanos”.
En su intervención, el vicepresidente ha lamentado la “situación complicada” y “confusión enorme” en la que se encuentran los ayuntamientos para el desarrollo normal de su funcionamiento, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que se pronunciaba contra algunos preceptos de la ley, y “también después de la aclaración del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que dejaba sin efecto, por un oficio nada más y nada menos que una ley”.
Según ha apuntado, la Administración Pública del Estado está recibiendo “multitud de peticiones de aclaración sobre cómo funcionar en determinadas competencias”. Por este motivo, ha apelado a que “todas las administraciones, en un intento de consenso amplio, nos pusiéramos de acuerdo para que el Gobierno central pudiera resolver este galimatías que está impidiendo el normal funcionamiento de los ayuntamientos en materias muy sensibles, como los servicios sociales”.
Finalmente, ha valorado la actuación del la Junta, que “adelantándose a los acontecimientos”, fue “sensible, y defendiendo los intereses de los ayuntamientos, blindó por decreto las competencias” lo que favoreció que, “en Andalucía, estén garantizadas las competencias respecto de lo que hacen los ayuntamientos en su día a día”.
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