El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha reiterado hoy en el Parlamento la necesidad de que el Gobierno central cree nuevos órganos judiciales y fiscales para lograr la redistribución eficaz de la carga de trabajo. En este sentido, el consejero ha recordado que las ratios de jueces por cada 100.000 habitantes es inferior en Andalucía a la media española y europea.
En su intervención, De Llera ha señalado que la puesta en marcha de nuevos juzgados dependerá de la programación del propio Ministerio de Justicia, ya que por parte de la Junta de Andalucía se está procediendo a la realización de los estudios de adecuación de espacios y de modificación de la plantilla que permita atender los nuevos órganos, todo ello de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
El consejero ha señalado que “desde el año 2011, el Ministerio de Justicia no ha incrementado la plantilla judicial en Andalucía. Ni un sólo órgano judicial nuevo”. La Junta de Andalucía ha confeccionado y elevado al Gobierno central la posible programación basándose en la media de asuntos registrados en cada órgano y la comparación de esta carga de trabajo con el módulo de asuntos al año fijado como idóneo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La Consejería ha solicitado al Ministerio de Justicia la creación de 13 nuevos órganos judiciales. Entre ellos, se incluye un nuevo Juzgado de lo Social en Algeciras y otro en Sevilla, lo cual supondría contar con un segundo y un duodécimo Juzgado de lo Social, respectivamente, en dichos partidos judiciales, incrementándose de esta forma el total de Juzgados de lo Social en Andalucía hasta alcanzar la cifra de 56.
Refuerzos en lo Social de Sevilla
El consejero ha subrayado que, mientras el Ministerio decide si crea un nuevo órgano judicial para el ámbito de lo Social en Sevilla, la Junta ha continuado con su política de refuerzos.
Los juzgados de lo Social de Sevilla cuentan con cuatro funcionarios de refuerzo: dos auxilios judiciales desde mayo de 2012 y junio de 2013 y un tramitador y un gestor, nombrados ambos en abril de 2013. Estas medidas se han ido prorrogando trimestralmente desde su fecha de nombramiento hasta la actualidad. Además, ha recordado De Llera, cuentan con dos jueces de refuerzo, medida que está en vigor desde abril de 2013.
Por otro lado, la Consejería de Justicia e Interior está valorando la propuesta del TSJA sobre el Plan de rescate para los juzgados de lo Social de Sevilla, un programa que tendría que contar con el visto bueno del CGPJ y que precisa de la colaboración de las administraciones central y autonómica.
El plan supondría pasar de tres a cinco jueces de refuerzo y mantener las dos letradas que ya están asignadas a estos juzgados, a los que el Ministerio de Justicia debería incorporar una más. En cuanto a los funcionarios, la Junta tendría que aportar cinco gestores procesales, diez tramitadores y cinco auxiliares.
El acuerdo prevé que los cinco jueces de refuerzo asuman la tramitación y señalamiento de los cuarenta primeros asuntos de cualquier materia que cada mes se registren en los juzgados de lo Social, además de asumir los recursos de suplicación que se puedan interponer contra las sentencias y resoluciones que dicten.
Juzgados de Sanlúcar la Mayor
El consejero se ha referido, respondiendo al grupo parlamentario popular, al partido judicial de Sanlúcar la Mayor que, según la memoria de 2014 del TSJA, supera la carga de trabajo en más del 50%. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de crear un nuevo órgano judicial con el objetivo de distribuir la carga de trabajo. No obstante, ha dicho De Llera, dados los altos niveles de pendencia de este partido “hemos destinado un tramitador de refuerzo desde enero de este año en el juzgado número 2 y hemos propuesto al Ministerio la creación de un nuevo órgano judicial”.
En el marco de las competencias autonómicas, la Consejería de Justicia e Interior está comprometida con la mejora de la calidad del servicio trabajando en una nueva organización de los recursos humanos, atendiendo al mantenimiento de las sedes judiciales, eliminando documentación judicial obsoleta, garantizando el derecho a la asistencia jurídica gratuita y difundiendo nuevas fórmulas de resolución extrajudicial de conflictos.
Sin embargo, ha explicado el consejero, la mayor parte de las decisiones que pueden influir en la mejora del servicio público de Justicia dependen del Gobierno central. De Llera se ha referido a la estructura obsoleta y compartimentada de los órganos judiciales; la planta y demarcación judiciales, que no se adaptan a los cambios demográficos, sociológicos y económicos que se han producido; la vigencia de leyes y modelos de enjuiciar decimonónicos, y, fundamentalmente, la falta de jueces, magistrados y fiscales.
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