El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha reclamado hoy en el Parlamento andaluz un debate nacional para que se puedan fijar los objetivos de una nueva gestión que “acerque la Administración de Justicia a las demandas de la sociedad y que posibilite el servicio público que la ciudadanía merece”.
En una comparecencia para hacer balance de las actuaciones de su departamento en el ámbito de la Justicia en lo que va de legislatura, De Llera ha dicho que es necesario abrir un debate para configurar las bases de esa “otra Justicia” a la que toda la sociedad aspira y para acabar con la que reflejan ahora estudios como el del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), donde se constata la opinión negativa que tiene la ciudadanía de este servicio público.
Según el consejero, esta visión negativa de la Justicia en nuestro país se fundamenta, esencialmente, en su mala organización, la falta de medios que merma su eficacia y rapidez, y en la dificultad de entender un lenguaje y unos procedimientos excesivamente complicados.
A consecuencia de ello, ha señalado De Llera, el sistema judicial en España acumula “altísimos niveles de litigiosidad”, sufre la dispersión de los sistemas informáticos y mantiene una estructura anquilosada, ineficaz en su funcionamiento, cargada en exceso de burocracia y alejada de la ciudadanía.
Como solución, el consejero ha propuesto impulsar un pacto de todas las fuerzas políticas y de los estamentos y profesionales de la Administración de Justicia en el que se plantee una amplia reforma del sistema y no simples cambios parciales y coyunturales.
Entre otras mejoras, el titular de Justicia e Interior ha defendido la necesidad de impulsar la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria, la reforma en profundidad del proceso penal, revisar el modelo de acceso a la carrera judicial y fiscal para potenciar la profesionalidad y la especialización de sus integrantes y cambiar el sistema de justicia gratuita dotándola de más medios.
Nueva organización judicial
Además, De Llera ha considerado esencial aprobar una nueva ley de Planta y Demarcación que fije una nueva organización territorial de los partidos judiciales y la especialización de los órganos, crear un modelo de Justicia de proximidad para resolver los litigios de escasa complejidad y que requieren un tratamiento más ágil, y modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para atribuir la dirección de la investigación al ministerio fiscal y reformar su autonomía, delimitando las facultades del fiscal general del Estado.
Al respecto, el consejero ha recordado que uno de los ejes de la legislatura en su departamento es promover un “pacto por la Justicia” para la mejora de este servicio público, que requiere de la aportación y el trabajo conjunto de todos los grupos políticos.
“Debemos dirigir nuestros esfuerzos a la mejora de la gestión y la eficacia del sistema, que es lo que realmente interesa a la ciudadanía”, ha subrayado el titular de Justicia e Interior en su intervención.
Respecto a las actuaciones de su departamento en esta legislatura, De Llera ha destacado la política de refuerzos de personal de los órganos judiciales andaluces, con 137 funcionarios destinados a esta tarea, el 54% de ellos en juzgados donde se están instruyendo macrocausas, así como la revisión de la regulación de las bolsas de interinos, y del sistema de jornadas, permisos y licencias acordados con las organizaciones sindicales.
Además, el consejero ha resaltado el acuerdo con los sindicatos mayoritarios del sector para poner en marcha la nueva Oficina Judicial y Fiscal y Andalucía y la inversión de 30 millones de euros que se va a acometer para la modernización tecnológica de la Administración de Justicia en nuestra comunidad.
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