Jiménez Barrios señala que el Gobierno central debería admitir públicamente ya que la ley de Reforma Local es “inaplicable”

El vicepresidente de la Junta asegura que la norma es “cada vez menos ley“ dadas las permanentes rectificaciones y anulaciones parciales
Andalucía, 07/07/2016

Jiménez Barrios, en su intervención en el Parlamento

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha urgido al Gobierno central a “decir con absoluta claridad que la ley estatal de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local es inaplicable”. Ante el pleno del Parlamento, el vicepresidente ha señalado que se trata de “una ley que cada día es menos ley” ya que “viene siendo permanentemente rectificada y anulada parcialmente”.

En este sentido, el vicepresidente se ha felicitado por la nueva sentencia del Tribunal Constitucional ante el recurso planteado por el Ejecutivo andaluz, al considerar que dicha ley invade competencias de las comunidades autónomas. Según ha explicado, el TC le ha dado la razón a la Junta en una de las cuestiones “que atacaba muy de frente lo que significa el principio de legitimidad democrática de los representantes de los Ayuntamientos”. En este sentido, las facultades que daba la ley a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento para aprobar un presupuesto si no lo hacía el Pleno, “legítimo representante de los ciudadanos”, suponían en su opinión “un ataque  frontal a la legitimidad ciudadana, al voto y al mandato y a la pluralidad democrática”.

Asimismo, ha recordado que el Constitucional también le ha dado la razón a la Junta en el sentido de que los Ayuntamientos puedan ejercer sus competencias, sin que el Ministerio de Hacienda les diga la forma en que deban hacerlas, y con la colaboración de las diputaciones, pero sin imposiciones.

El vicepresidente ha señalado que, en este momento, “habrá una autentica dificultad” a la hora de aplicar la ley por parte de los Ayuntamientos. “Un secretario, un interventor y un tesorero de un Ayuntamiento, a la hora de interpretar la legislación, tienen que utilizar no un texto, sino cinco o seis sentencias”, ha manifestado. Por este motivo, ha señalado que el Ejecutivo nacional, “aunque esté en funciones”,  “ya está tardando en salir públicamente a decir que es una ley que no tiene virtualidad efectiva, que no se puede aplicar”.

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