La Junta de Andalucía ha concedido desde el año 2013 cerca de 3 millones de euros a víctimas del terrorismo como ayudas complementarias a las del Estado, una cuantía a la que hay que sumar los 2,14 millones de euros previstos en los presupuestos de la Consejería de Justicia e Interior de 2017 para estas indemnizaciones.
En una comparecencia en el Parlamento sobre la atención que se presta desde la Administración autonómica a víctimas de delitos, el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha explicado que estas ayudas forman parte de la ley de medidas para la asistencia y atención a las víctimas de terrorismo en la comunidad andaluza, en la que se establece la concesión de indemnizaciones por daños físicos o psíquicos, reparación por daños materiales e indemnizaciones por situación de dependencia, complementarias a las que otorga el Estado.
“Desde el Gobierno andaluz –ha subrayado el consejero- estamos convencidos de que las víctimas del terrorismo tienen que ser apoyadas y reconocidas, tal como establece el propio Estatuto de Autonomía”.
Además, el titular de Justicia e Interior ha detallado otras medidas que llevan a cabo la Junta en el ámbito de la atención a víctimas, como la labor que desarrolla el Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía (SAVA), que durante el pasado año realizó un total de 72.021 actuaciones de carácter general, asesoramiento jurídico, atención psicológica y asistencia social.
De esas prestaciones se beneficiaron 10.860 personas en la comunidad andaluza, de las cuales el 75% eran mujeres -8.152-, que accedieron a un recurso completamente gratuito, ubicado en las sedes judiciales, donde se ofrece un servicio público que facilita apoyo jurídico, social y psicológico a las víctimas de delitos que lo requieran.
“La evaluación del funcionamiento de este servicio es muy positiva, no sólo por la intervención que lleva a cabo, sino porque se ha convertido en un instrumento de prevención, tanto de victimización como de comisión de delitos”, ha valorado el consejero en el Parlamento.
Según ha explicado De Llera, desde las oficinas del SAVA se garantizan los derechos de las víctimas en el ámbito asistencial, en la organización de los recursos para dar una respuesta a la problemática específica planteada y en la coordinación con otras instituciones y seguimiento de cada caso. “En sus 20 años de funcionamiento, el SAVA ha visto avalados sus resultados por el reconocimiento de la ciudadanía y los órganos judiciales”, ha subrayado el consejero.
En su intervención, el responsable de Justicia e Interior ha hecho también hincapié en la atención que se presta a las víctimas de violencia de género en Andalucía desde el ámbito de sus competencias, con 96 órganos judiciales especializados en estos delitos, las unidades de valoración integral de los institutos de medicina legal, que en 2016 reconocieron el daño ocasionado a 2.067 mejores y 321 menores y los turnos de oficio especializados que cuentan con 4.015 abogados y a los que la Junta destina cerca de un millón de euros.
Asimismo, en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía se han formado en materia de lucha y prevención de la violencia de género 862 profesionales de cuerpos de policía local, mientras que agentes de la Unidad de Policía adscrita a la Junta realizaron en el último año labores de protección de 136 víctimas.
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