Las Consejerías de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y la de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio han mantenido hoy una tercera reunión de carácter técnico tras la constitución el pasado mes de agosto de la mesa de trabajo para ejecutar el Plan de Movilidad ante la posible implantación de la futura Ciudad de la Justicia de Sevilla en Palmas Altas, en la que se han analizado datos como que el 81% de los usuarios que acuden a los juzgados de la capital son de Sevilla y el 19% restante de la provincia.
La mesa de trabajo, que tiene como objetivo desarrollar las tareas técnicas necesarias para redactar el estudio de movilidad de Palmas Altas, ha analizado los avances realizados desde la última reunión, en el mes de octubre, así como el trabajo que resta para finalizar.
En la reunión mantenida hoy en la sede de la Consejería de Justicia han participado el director general de Infraestructuras y Sistemas de la Consejería de Justicia, Miguel Ángel Reyes; el subdirector de Movilidad de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, José Luis Romero; el director general de Movilidad del Ayuntamiento, José Lorenzo el jefe del Área de Conservación y Explotación de la Demarcación de Carreteras del Estado y, el director de Puerto de Sevilla, Ángel Pulido Hernández, además de los técnicos.
En la misma, se han analizado nuevos datos extraídos de las 1.405 encuestas realizadas en las sedes judiciales del Prado, Audiencia Provincial, Viapol, Noga y Menara. Según los resultados, en la actualidad el 81% de las personas que acuden a los edificios judiciales de la capital son de Sevilla. El 19% restante proviene de municipios próximos, siendo Alcalá de Guadaíra el segundo en afluencia de público.
Los datos extraídos de este estudio ya revelaron que el 37% de las personas que acuden a estos edificios lo hacen en un vehículo motorizado privado, principalmente en coche. En cuanto a la forma en la que se trasladarían a una hipotética nueva sede judicial, el 36% de los usuarios de la Administración de Justicia se decanta por el coche, mientras que, en el caso de los trabajadores de los juzgados, lo haría el 38%.
En cuanto al perfil de las personas encuestadas el 53,2% eran mujeres, y el 72% funcionarios de la Administración de Justicia; mientras que del sector de usuarios relacionados con la Justicia, el 35% eran abogados.
Todos estos datos se cruzarán con los que en la actualidad ya se están recopilando que son los referentes a la situación actual de la zona (movimiento de tráfico, accesos, infraestructuras), así como las previsiones de desarrollo futuro de la zona (espacios comerciales, parque de viviendas…). Esto permitirá ponderar y extrapolar los resultados para fijar las necesidades reales. A partir de ahí, se redactarán las propuestas a implantar para la mejora de la movilidad de la zona y las actuaciones a llevar a cabo, plazos de ejecución y presupuesto necesario.
El Plan de Movilidad es un requisito indispensable para el desarrollo del proyecto y así lo ha transmitido el sector judicial en las reuniones mantenidas hasta ahora para darles a conocer este proyecto.
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