El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha insistido hoy en reclamar financiación al Gobierno de España para llevar a cabo la “reforma integral” del servicio de Justicia prevista en la Ley de Eficiencia, tras alertar de que implica un “cambio radical en un plazo muy corto” en la reordenación de los recursos materiales y humanos con un “coste elevadísimo” para las comunidades.
Nieto ha informado a los grupos parlamentarios en la Comisión de Justicia de la Conferencia Sectorial entre el Ministerio y las comunidades celebrada los pasados 21 y 22 de octubre en Córdoba. El consejero ha lamentado que, hasta esa reunión, la reforma que implica la ley -aprobada ya en el Congreso y pendiente de su paso por el Senado- “no se había abordado” con los gobiernos autonómicos.
Ha explicado que “todas las comunidades” pusieron sobre la mesa sus “dudas” sobre la financiación que implica y los ajustados plazos del calendario fijado para convertir los actuales juzgados unipersonales en tribunales de instancia, de carácter colegiado. En concreto, la norma exige que todos los partidos con menos de siete juzgados estén adaptados antes del 31 de julio, los partidos con hasta 12 órganos el 31 de octubre y los más grandes el 31 de diciembre.
Esta transformación supone una reordenación de las plantillas e incluso la adaptación de los espacios de trabajo, que en los partidos más pequeños sobre todo implica hacer obras y resulta difícil por la estructura de los edificios. También avances en la interconexión de los distintos operadores jurídicos y la prestación de servicios por vía telemática a la ciudadanía.
“Eso va a suponer un esfuerzo enorme y un coste elevadísimo a las comunidades autónomas que tenemos competencias en la materia y el Ministerio de Justicia se ha negado radicalmente a establecer una colaboración con las comunidades para sufragar ese coste”, ha alertado.
Nieto ha incidido en que la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia supone “un cambio radical en las condiciones del traspaso de las competencias fijadas en 1997 y por tanto debe conllevar una modificación también en la financiación de este servicio”. Y ha lamentado que por parte del Ministerio de Justicia “no hubo mucha sensibilidad” a esta reivindicación.
Con todo, Nieto ha reconocido que la reforma va a mejorar el servicio y supone dar un salto de calidad hacia una Justicia del siglo XXI pero hace falta “lealtad institucional” para dotar de recursos por parte del Ministerio que ayuden a las comunidades que tienen que aplicarla. No obstante “no vamos a buscar excusas y Andalucía no se quedará atrás de esta reforma de calado como ocurrió con la reforma de 2003 que impulsaba la creación de la Oficina Judicial y hasta 2019 no se implantó ninguna”.
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