Los profesionales de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Andalucía -dependientes de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública- realizaron el año pasado 4.645 autopsias que revelaron una mayoría de muertes por causas naturales, pero también 834 suicidios y más de medio centenar de homicidios. No obstante, la actividad de los forenses andaluces va mucho más allá de los análisis post morten, como la valoración de mujeres, menores y denunciados por violencia de género o los reconocimientos realizados por los equipos de guardia a 893 personas para esclarecer presuntos delitos contra la libertad sexual.
Son algunos de los datos que recogen las memorias anuales sobre la actividad realizada por los ocho IMLCF provinciales durante 2024. Un año en el que, además, profesionales de Almería, Córdoba y Granada se desplazaron a Valencia para ayudar en las labores de identificación de los cadáveres de las víctimas de la DANA. En concreto, la Junta de Andalucía envío un equipo de dos forenses y un técnico del IML almeriense, dos forenses y dos técnicos de Granada y otros cuatro profesionales de Córdoba. “Todos ellos, y muchos otros, se ofrecieron voluntariamente en una muestra de solidaridad y compromiso profesionales que hay que reconocer y agradecer”, ha destacado el consejero de Justicia, José Antonio Nieto.
Aunque la labor más conocida de los IMLCF es la práctica de autopsias, lo cierto es que su actividad va mucho más allá ya que cuentan con distintos servicios como los equipos psicosociales, encargados de emitir informes solicitados por los Juzgados de Familia (2.257 redactados el año pasado) para dirimir conflictos de parejas con hijos sobre diferentes medidas, regímenes de visita de los menores o guarda y custodia, entre otros.
El consejero también ha puesto en valor la importante labor de los profesionales de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG), encargados de reconocer a mujeres y menores para valorar los daños físicos, psicológicos o sociales, pero también a los denunciados para determinar capacidad jurídica, incidencia de drogadicciones o trastornos mentales así como la imputabilidad. También emiten informes sobre asuntos civiles.
Nieto ha detallado que tanto en las UVIVG como en los equipos psicosociales trabajan, además de médicos forenses, profesionales de la Psicología y el Trabajo Social que “muchas veces apoyan y acompañan a las mujeres y los menores cuando declaran en las salas Gesell especialmente equipadas para grabar los testimonios, con total seguridad jurídica, de forma que sirvan como pruebas preconstituidas en los juicios y eviten la doble victimización que implica tener que repetir varias veces durante el proceso y ante distintos agentes judiciales el relato de hechos dolorosos”.
Otro de los servicios de los IMLCF es el Laboratorio encargado de analizar muestras de cadáveres y personas vivas involucradas en presuntos delitos o muertes accidentales para detectar la presencia de drogas o alcohol.
Precisamente, las muertes accidentales son mayoritarias entre aquellas no naturales, por encima de los suicidios y los homicidios, y entre éstas destacan los siniestros de tráfico con víctimas mortales. No obstante, Nieto ha recordado que desde 2016 los andaluces también pueden solicitar la valoración por parte de los profesionales de los IML de daños producidos por accidentes de tráfico para reclamaciones extrajudiciales.
Para acceder a este servicio, es preciso presentar una oferta motivada de la compañía aseguradora y una solicitud, cuyo formulario está disponible en la web de la Consejería (https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/16833.html) donde se puede presentar telemáticamente con certificado electrónico. La misma debe incluir el consentimiento expreso de la persona perjudicada, o de sus familiares en caso de fallecimiento o incapacidad, para el acceso a su historia clínica.
Convenio con el SAS para facilitar la certificación de muertes naturales
El consejero ha recordado que, con el fin de evitar sufrimiento a los familiares de personas fallecidas por causas naturales y reducir el número de autopsias innecesarias, el pasado noviembre se firmó un convenio con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para agilizar los certificados de defunción en casos de muerte natural y evitar así su judicialización cuando no hay sospechas fundadas de violencia ni indicios de criminalidad.
El convenio delimita las competencias de los médicos del SAS y de los forenses de los (IMLCF para emitir los certificados de defunción según las circunstancias de la muerte. “Se trata de reducir la práctica de autopsias innecesarias y entregar los restos mortales de las personas fallecidas por causas naturales a sus seres queridos en el menor tiempo posible, en aras de una actuación más eficaz y humana”, ha defendido el consejero.
Igualmente, también en 2024 la Consejería de Justicia, el Ministerio de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Fiscalía Superior de Andalucía suscribieron un protocolo para agilizar la inhumación de cadáveres no identificados o sin reclamar. En función de esto, los IMLCF custodian los cuerpos solo hasta que la autoridad judicial determine su inhumación (nunca su incineración), de la que por ley deben hacerse cargo los ayuntamientos donde fueron localizados los mismos.
“El objetivo es optimizar los recursos materiales y humanos de los IMLCF, donde se custodian los cuerpos en cámaras frigoríficas, para que, una vez realizada la autopsia, extraídas las muestras necesarias para una futura identificación y elaborados los informes forenses correspondientes, los jueces autoricen su enterramiento a cargo de los ayuntamientos”, ha explicado Nieto
Compartir en